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[Argentina] [La fiscal Mabel Colalongo cuestiona la fragmentación de procesos por violaciones de derechos humanos en el Cordón Industrial. “Fraccionar las causas continuar con la impunidad”. En cinco días comienza el juicio por delitos de lesa humanidad en el Gran Rosario, por un solo caso. La integrante del Ministerio Público Fiscal critica duramente a la justicia federal por considerar víctimas de primera y de segunda.]

[José Maggi] “Las causas por violaciones a derechos humanos no pueden fraccionarse cuando los hechos están íntimamente vinculados. Esto es dilatorio y revictimiza, y no asegura verdad y justicia, que es el destino que estos juicios tienen”. La fiscal Mabel Colalongo hace esta afirmación a solo cinco días del comienzo del juicio oral y público a Pedro Rodríguez, quien fuera asesor letrado de la intervención militar a San Lorenzo y procesado junto a los militares Horacio Maderna y Rubén Cervera por el secuestro y torturas del dirigente sindical Manuel Casado. La fiscal también deja un rosario de críticas al funcionamiento del Poder Judicial: “Este sistema ha fijado víctimas de primera y de segunda. Aquí hablamos de obreros y militantes sociales que ni siquiera pudieron presentar hábeas corpus, o irse del lugar donde convivían con sus represores”.

¿Por qué se opone a las elevaciones parciales de causas?
Tenemos probado en Rosario que el fraccionamiento de las causas ha dilatado los procesos injustificadamente. Basta con ver que en el Tribunal Federal Oral número 1, desde que concluyó la causa Guerrieri, no se llevó adelante ningún otro juicio por violaciones a los derechos humanos. Y hay que considerar que en ese juicio estaba la columna vertebral de la represión, que eran los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121. Esto solo para dar un ejemplo.

¿Qué pasa concretamente con el caso Casado?
En relación a los hechos del cordón, donde pertenece Manuel Casado, están imputados Horacio Maderna y Rubén Cervera, quienes eran jefe y subjefe del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, y el 24 de marzo de 1976 se convirtieron en interventores militares de la intendencia de San Lorenzo. En esa condición le otorgaron la jerarquía más alta del escalafón municipal como asesor a Pedro Rodríguez, el imputado civil de esta causa, y que venía de ser asesor del Sindicato de Aceiteros. Allí era asesor, pero no del sector de trabajadores que desapareció, que fue asesinado, sino asesor del grupo que sobrevivió. Me parece claramente un atropello a las víctimas más vulnerables como fueron los obreros y operarios que fueron el foco sustancial de la represión.

¿En qué pruebas se basa para decir esto?
En el testimonio de un Personal Civil de Inteligencia (PCI) Juan Cabrera, imputado en la causa Guerrieri, quien fuera felicitado en su legajo por ser el mejor interrogador del Destacamento de Inteligencia 121, y que reconociera que la prioridad en 1976 eran los cordones industriales como San Lorenzo, Villa Constitución y San Nicolás y no por casualidad: allí estaba Somisa, Acindar, Molinos Río de la Plata, eran empresas integradas por Bunge y Born, entre otros, también Cerámica San Lorenzo, Sulfacid, Pasa Petroquímica, todas integradas por grupos en su mayoría de capitales americanos, la Banca Morgan. Esto es lo que hemos escuchado hablar todo el tiempo: que el golpe fue cívico militar. Pero en realidad los militares fueron el brazo armado de este grupo económico de poder, y respondieron a ese proyecto. Y por eso fueron capaces de dejar en una acordada escrita secreta que la finalidad del golpe iba mucho más allá de combatir la subversión. Eso explica por qué, siendo presidente de Acindar, Martínez de Hoz pasa a ser Ministro de Economía de Videla. Por eso para mí resulta absolutamente inaceptable que se llame a este ‘juicio por violaciones de derechos humanos’. Y eso es porque Casado se perjudica aislado del resto de los obreros y militantes sociales desaparecidos, porque no van a tener verdad. Lo único que se hace si se lleva adelante este juicio por sí solo, es garantizar más impunidad a las víctimas y por supuesto cero justicia a los obreros y operarios que tuvieron que seguir viviendo en los mismos lugares, no se pudieron mover de sus casas y su familiares no tuvieron siquiera los contactos para presentar un hábeas corpus.

En su rechazo a postergar este juicio, el tribunal plantea que no se puede tener indefinidamente a Rodríguez sin una sentencia.
Lo que dice es que los defensores tiene razón cuando dicen que sus representados tiene derechos a una justicia en un plazo razonable. Y reconoce que hacer juicios parciales en estas condiciones revictimiza y puede dificultar la determinación de la verdad y optan por fijar audiencias, es decir garantizarles a quienes buscaron su impunidad, una pronta justicia y olvidarse de garantizarles justicia a las víctimas de violaciones a derechos humanos. En particular las víctimas obreras, las que menos recursos tuvieron, las que no pudieron irse a la clandestinidad, ni presentar una hábeas corpus. En resumen, a los más vulnerables del sistema.

¿Así funciona siempre el sistema de justicia federal?
Este sistema de discriminación fija víctimas de primera y de segunda. Todos los días lo vemos en la selección de quienes ingresan en la justicia federal como imputados: son los más vulnerables, pero como víctima ingresa la clase media baja para arriba y en lo posible educada. Y esto responde al funcionamiento integral que hace el Poder Judicial de todo el país.

Un Llamado de Atención
Hace solo dos semanas, la Sala II de la Cámara de Casación Penal terminó reconociendo lo que sostiene Colalongo: el 4 de marzo de 2013 se pronunció sobre una recusación, la de Carlos Ulpiano Altamirano hacia todo el Tribunal en la Causa Feced. En su resolución, exhorta al Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario y al juzgado instructor “que se extremen los recaudos para lograr la concentración de los juicios”.
“Esto es –dice la fiscal– reconocer que es imprescindible concentrar causas y acumular hechos, y tratar de manera conjunta hechos vinculados. Porque esto no solo favorece a las víctimas y también a los imputados, que lograron impunidad por 35 años por la fuerza”.

¿Que dice la Sala II puntualmente?
Lo que la Sala II dice es que al haber dictado sentencia, el TOF 2 menciona a Altamirano que no estaba imputado en esa causa. Por esto se entiende que se anticipó opinión sobre la intervención de esta persona en los hechos. Y por eso se ordena conformar con otros miembros a ese tribunal (Beatriz Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe).

¿Cómo se hubiera evitado?
Llevando todos los hechos vinculados que estén relacionados por autor y por hechos y por lugares de acción de manera conjunta. Porque pensar que uno gana tiempo dividiendo los hechos es mentira. A lo sumo, el juicio durará seis meses más, pero así tardamos tres años más. Y además, sometemos a las victimas repetidas declaraciones, y el sufrimiento.
17 de marzo de 2013
©página 12

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