[La mayoría de los estados de Estados Unidos no aplican la prohibición del Congreso adoptado en 1996 de excluir de la ayuda social y bonos de alimentación a personas condenadas por delitos relacionados con las drogas. Esta política es contraproducente, porque empuja a la gente a conductas sexuales riesgosas, como la prostitución de las madres que estuvieron condenadas. Es simplemente indecente maquinárselas para que los ex reos y sus familias pasen hambre en lugar de ayudarles a salir del mundo que los envió a prisión. Editorial NYT.]
El Congreso adoptó una destructiva decisión cuando decretó en 1996 que las personas condenas por delitos relacionados con las drogas serían excluidas de por vida de prestaciones sociales como bonos de alimentación o ayuda económica a menos que hayan vivido en un estado que haya decidido expresamente no aplicar la prohibición.
La prohibición afectó a las familias más vulnerables del país, incluyendo mujeres con hijos. Y negando las prestaciones de ayuda social a ex drogadictos, el gobierno hace mucho más difícil para ellos obtener acceso a un tratamiento residencial, el que a veces es necesario como condición para que los reos recuperen su libertad y a menudo es pagado por la seguridad social.
La mayoría de los estados decidieron no aplicar la prohibición o la aliviaron de algún modo. Pero cerca de una docena de estados han adoptado la prohibición de la ayuda social sin ninguna modificación, mientras que otros han conservado los obstáculos a la ayuda económica y a los bonos de alimentación, con desafortunadas consecuencias.
Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale sugiere que, al obligar a los ex condenados y sus familias a pasar hambre, prohibir que reciban bonos de alimentación podría empujar a la prostitución a las desesperadas y jóvenes madres. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de exposición al VIH.
El estudio, publicado en el número de marzo-abril de la revista AIDS Education and Prevention, refuerza investigaciones previas que mostraron una relación entre el hambre, la conducta sexual arriesgada y la exposición al virus. El estudio fue realizado en colaboración entre los investigadores de Yale y All of Us or None, una organización de California que lucha por los derechos de los presos y ex reos. El estudio abarcó 110 reos liberados recientemente, el 37 por ciento de los cuales estaba viviendo en la calle y otro treinta por ciento tenía un menor de edad a su cargo.
Las personas provenían de tres estados: Texas, que prohibió completamente los bonos de alimentación para personas condenadas por delitos relacionados con las drogas; California, que impuso una prohibición parcial; y Connecticut, donde se puede recibir bonos de alimentación si los ex reos cumplen los términos de sus sentencias. Alarmantemente, más del noventa por ciento de los estudiados habían experimentado grados variables de incertidumbre sobre cómo iban a alimentarse a sí mismos y a sus familias.
Según el estudio, era más probable que las personas que vivían en Texas, que impuso una prohibición total, o en California, que tiene una prohibición parcial, pasaran hambre. Y la gente hambrienta en general estaba más inclinada a conductas riesgosas, como cambiar sexo por dinero. Pero incluso en Connecticut, que no tiene prohibición, demasiados ex reos y sus familias estaban recibiendo muy poca ayuda.
Los investigadores piden otros estudios. Pero ya está claro que las prohibiciones son contraproducentes y que es hora de que los estados que no las han anulado completamente, empiecen a hacerlo.
Los individuos que han cumplido sus penas hacen frente a la dura tarea de reiniciar sus vidas en el mundo fuera de la prisión. Necesitan toda la ayuda que puedan recibir para alimentar y vestir a sus familias y a sí mismos.
19 de marzo de 2013
17 de marzo de 2013
©new york times
cc traducción @lísperguer
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