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[Chile] [Confirman sentencia por crimen que obligó a la Junta a pedir perdón. Una de las seis víctimas asesinadas en el túnel Lo Prado, delatas “por equivocación” en octubre de 1973 por una vecina de la torre 12 de la Remodelación San Borja, era militante del entonces Partido Nacional. Su padre protestó y la Junta de Gobierno expresó su “pésame por este gran error militar”.]

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia en la investigación por los homicidios de 6 personas en el sector del túnel Lo Prado, cometidos el 17 de octubre de 1973. Las víctimas habían sido detenidas previamente en la torre 12 de la Remodelación San Borja.
La detención de estas personas, que no se conocían entre sí, salvo un matrimonio, se produjo como consecuencia de una delación efectuada telefónicamente por una vecina de la torre, al parecer “por equivocación”.

Entre las víctimas se cuenta un militante del entonces Partido Nacional. Su padre protestó ante el nuevo régimen militar, se realizó un sumario interno en el Ejército y se concluyó que fue “un error militar”. La Junta de Gobierno expresó su “pésame por este gran error militar”.
Otra de las víctimas era un funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que provocó un impasse diplomático con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que también protestó ante las nuevas autoridades del país.
En fallo unánime, los ministros de la Octava Sala, Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales y Jenny Book (suplente), ratificaron en todas sus partes la sentencia del ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia, quien el 6 de abril de 2011 condenó a los siguientes ex efectivos de Ejército:

– Gerardo Urrich González, 10 años de presidio, sin beneficios
– Juan Ramón Fernández Berardi, 10 años de presidio, sin beneficios.
– René Cardemil Figueroa, 10 años de presidio, sin beneficios.

Las 6 Víctimas
De acuerdo a los antecedentes de la causa los tres ex uniformados son responsables de los homicidios calificados de las siguientes personas:

– Ricardo Montecinos Slaughter (27), funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI).
– Carlos Adler Zulueta (25), turista argentino.
– Beatriz Elena Díaz Agüero (26), turista argentina, cónyuge del anterior.
– Víctor Garretón Romero (60), importador y militante del Partido Nacional.
– Jorge Salas Pararadisi (25), estudiante universitario.
– Julio Saa Pizarro (35), cirujano dentista.

De acuerdo a la sentencia se establece que las víctimas fueron detenidas mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 de remodelación San Borja, el 16 de octubre de 1973 por miembros de la Escuela de Suboficiales del Ejército y conducidas al recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas, Pudahuel.

Les Aplicaron la Ley de Fuga
El 17 de octubre de 1973 fueron sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordenó a cada uno que huyera, para simular una fuga, después de lo cual fueron asesinadas por ráfagas de ametralladora.
Por encontrarse entre las víctimas un funcionario del FMI, la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó antecedentes de los homicidios y el 2 de junio de 1976 determinó considerar que los hechos configuraban graves violaciones al derecho a la vida, reconocido en el Artículo I de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y recomendó al Gobierno de Chile establecer la autoría y sancionar a los responsables.
En el aspecto civil, se ratificó la condena al Fisco que ordenó pagar un indemnización de $ 100.000.000 a cada uno de los 9 familiares de las víctimas demandantes en la causa.
25 de marzo de 2013
©la nación

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