cuando se archivan casos archivados

[Ferriday, Luisiana, Estados Unidos] [En la imagen, Natchez, Mississippi, el 28 de febrero de 1967. El atentado con bomba que mató a Wharlest Jackson, uno de los numerosos crímenes motivados racialmente de esa era, que nunca fueron resueltos.]

[Dan Barry, Campbell Robertson y Robbie Brown] En la primavera de 1985, el Buró Federal de Investigación en Washington recibió una carta del Distrito de Concordia en el nordeste de Luisiana. Dirigida al director del buró, J. Edgar Hoover, la carta imploraba que se hiciera justicia en el caso del asesinato de un respetado empresario negro.
Unos meses antes, el empresario, Frank Morris, se había topado, una mañana temprano, frente a su tienda de reparación de zapatos, con dos hombre blancos, uno de los cuales lo apuntó con una escopeta mientras el otro sostenía un cilindro de gas. Encendió una cerilla, se desató un incendio, y Morris murió cuatro días después debido a sus heridas, sin identificar a los hombres, quizá temiendo represalias contra su familia.
Los autores de la carta expresaban su grave preocupación de que el asesinato quedara impune, debido a que la policía local probablemente era cómplice. “Su oficina es la única que puede ayudarnos”, concluía. Estaba firmada por “Sinceramente, la Gente de Color del Distrito de Concordia”.
Casi cincuenta años después, el Ministerio de Justicia respondió –no directamente a la familia del señor Morris o a la comunidad negra del Distrito de Concordia, sino a una docena de otras familias que perdieron a familiares durante la violenta y tumultuosa era de los derechos civiles del país.
Hace algunos años, el FBI empezó a reabrir casos archivados de esa era -112 según el último conteo-, elevando en algunos las esperanzas de justicia. En total unas veinte familias que perdieron a familiares recibieron cartas, a menudo entregadas personalmente por agentes del FBI, en las que se les informa que sus casos han sido archivados y que no hay nada más que hacer, y por favor acepte nuestras condolencias.
Simultáneamente íntimas y burócratas, estas cartas sirven como un eco epistolar de una época cada vez más distante. Para algunos, reflejan las cartas el carácter esquivo de casos que llevan décadas archivados; para otros, representan otra oportunidad perdida para dar cuenta completa de lo que ocurrió, y por qué.
Grace Hall Miller, miembro retirada de la junta escolar de Newton, Georgia, recibió una de esas cartas hace dos años. En la carta se volvía a contar sobre un día de marzo de 1965 que ella difícilmente podría haber olvidado, cuando un hombre llamado Cal Hall Jr. mató a tiros a su marido, Hosie Miller, granjero y diácono de la iglesia, en una riña por unas vacas. Hall, que era blanco, mató a Miller, que era negro, disparándole por la espalda.
La carta recordaba el extraño destino del caso, desde la repetida incapacidad de los grandes jurados para acusar a Hall hasta la conclusión de un jurado “desproporcionadamente blanco” contra la familia Miller por su demanda por homicidio culposo. También resumía lo que había hecho el FBI después de reabrir el caso: entrevistas con la señora Miller y un amigo de la familia, una revisión en el departamento del sheriff de la localidad y una búsqueda en las actas de defunción del condado.
“Después de revisar cuidadosamente este incidente, hemos concluido que el difunto Cal Hall Jr. actuó solo cuando disparó y mató a su marido, y por eso no tenemos otra opción que archivar nuestra investigación”, dice la carta. “Lamentamos que no podamos serle de mayor utilidad. Por favor, acepte nuevamente nuestras sinceras condolencias por la pérdida de su marido”, un hombre que murió hace casi medio siglo.
Miller, ahora de 80 años, dijo que había dejado el juicio en manos de Dios hace mucho tiempo y no podía entender por qué había el FBI reabierto el caso sólo para revisarlo superficialmente. “Supongo que sólo querían montar un número”, dijo.
Una de las hijas de Miller es Shirley Sherrod, que en 2010 fue obligada a renunciar a su trabajo en el Ministerio de Agricultura federal después de que un bloguero conservador editara un vídeo de una presentación pública en la que ella aparecía como racista. La Casa Blanca ofreció excusas, y a ella le dieron un nuevo trabajo.
“Es insatisfactorio”, dijo Sherrod, uno de sus seis hijos. “Incluso después de todos estos años, el sistema no hace nada. No hubo justicia”.
Adam S. Lee, director de la sección del FBI que se ocupa de los derechos civiles, dijo que el buró había sido riguroso en su estudio de estos casos archivados, buscando evidencias que pudieran traducirse en juicios. Pero, agregó, “eso no provoca el cierre emocional que busca la gente, o que necesita la gente en casos como este”.

Crímenes No Resueltos
En 2006, el FBI empezó la iniciativa de casos archivados que describió como un intento comprehensivo de investigar los asesinatos motivados racialmente en la era de los derechos civiles. Ese esfuerzo se convirtió en un mandato dos años después cuando el Congreso aprobó la Ley Emmett Till de Delitos de Derechos Civiles No Resueltos, llamada así en recuerdo de un niño negro de catorce años que fue torturado y asesinado en Mississippi en 1955 por haber supuestamente flirteado con una mujer blanca.
Desde el principio, el gobierno mencionó los tremendos retos a los que hacía frente: la limitada jurisdicción federal en algunos casos, la ley de prescripción penal en otros y, por supuesto, el paso del tiempo. Sospechosos y testigos habían muerto. Las evidencias se habían extraviado. El recuerdo se desvanece.
Los defensores de la iniciativa de los casos archivados debatieron sobre su principal propósito. ¿Querían justicia, es decir juzgar aquellos casos con las mayores probabilidades de llevar a justicia a los autores? ¿O la verdad, es decir investigar los hechos de una decena de casos, sin importar si los principales involucrados pudieran haber muerto?
“La verdad era un objetivo más realista”, dijo Alvin Sykes, funcionario de derechos humanos y un temprano defensor de lo que se convirtió en la Ley Emmett Till, que proponía un esfuerzo amplio y agresivo para identificar e investigar casos de derechos humanos. Pero bajó sus expectativas, explicó, una vez que quedó claro el alcance más estrecho de la iniciativa.
La ley autorizó decenas de millones de dólares para el proyecto, pero de momento sólo 2.8 millones de dólares han sido adjudicados. Además, algunos críticos dicen que la onerosa lista de casos compilada por el FBI –que van desde los casos más conocidos a los más obscuros, encontrados en recortes de diarios antiguos- resultó en el rápido cierre de la mayoría de los casos y la escasez de recursos en los pocos casos en los que se pudo haber iniciado un proceso.
Richard Cohen, presidente del Southern Poverty Law Center, que informó al FBI sobre algunos casos posibles, recordó alguna incomodidad en la época sobre publicitar tantos casos con tan pocas posibilidades de resolución. “Me preocupaba dar falsas esperanzas a la gente”, dijo.

Resultados Limitados
Las familias que conservaban esperanzas de llegar a un juicio se sintieron decepcionadas. En un informe al Congreso en octubre pasado, el Ministerio de Justicia reconoció el bajo rendimiento de lo que se consideró siempre como esfuerzos de largo aliento para desarrollar casos dignos de ser traducidos en juicios.
El informe dijo que la iniciativa de casos archivados del FBI había resultado en un solo juicio federal exitoso, el de James Ford Seale, que fue condenado en 2007 en relación con la muerte de dos jóvenes negros en 1964. También dijo que el FBI había colaborado en el juicio a nivel estadual de un ex policía de Alabama en 2010, James Bonard Fowler, por el asesinato a tiros de Jimmie Lee Jackson, un manifestante por los derechos civiles de 26 años que murió después de un enfrentamiento con la policía en 1965.
No se dice en el informe que estos juicios fueron posible gracias en gran parte al trabajo investigativo de periodistas como Jerry Mitchell, del The Clarion-Ledger, en Jackson, Mississippi; John Fleming, del The Anniston Star, en Alabama; y David Ridgen, un documentalista canadiense.
Tampoco se dijo en el informe que el enfoque y compromiso del Ministerio de Justicia con la iniciativa fueron cuestionados por algunos de los que habían estado trabajando en los mismos conflictivos campos de la historia.
“Eso es por lo que hemos estado luchando durante los últimos seis años”, dijo Janis L. McDonald, profesora de derecho de la Universidad de Siracusa y co-directora de la Iniciativa Casos Archivados de la Justicia de la Facultad de Leyes. “Hemos estado pidiendo un grupo de trabajo regional, o que digan cuántas personas fueron asesinadas. Ninguna de las dos cosas es prioritaria para el Ministerio de Justicia”.
Pero funcionarios del FBI dijeron que en muchos casos las personas fueron entrevistadas, a menudo repetidas veces, durante las pesquisas originales de la investigación. Con los recuerdos desvaneciéndose por el paso del tiempo, dijeron, esas entrevistas iniciales a menudo determinan a quién entrevistar o volver a interpretar en la investigación actual.
“No he visto ningún tratamiento superficial de ninguno de esos casos”, dijo Lee, jefe de sección del FBI.

Versiones Repetidas y Condolencias
Luego están las cartas.
Cuando el Ministerio de Justicia archivaba los casos, agentes del FBI fueron enviados a entregar en persona cartas de explicación a los familiares más cercanos. A veces, los familiares no fueron encontrados o simplemente “no querían saber nada de nosotros”, dijo Lee.
Copias de decenas de esas cartas fueron dadas al New York Times por James Shelledy, periodista en residencia en la Escuela Manship de Comunicación de Masas de la Universidad del Estado de Luisiana, y un equipo de estudiantes de periodismo que han estado trabajando en un proyecto sobre los asesinatos no resueltos de la era de los derechos civiles. Obtuvieron las cartas apelando a la Ley de Libertad de Información.
Uno de los casos es el Clinton Melton, operario de un gasolinera en Glendora, Mississippi, que discutió con un cliente, Elmer Otis Kimbell, sobre la cantidad de gasolina que había recibido. Kimbell juró matar a Melton, y es exactamente lo que hizo, disparando al desarmado Melton tres veces con una escopeta.
“El 13 de marzo de 1956, un jurado enteramente blanco y enteramente masculino absolvió a Kimbell, pese al peso de las evidencias físicas y testigos contradiciendo incluso la declaración de Kimbell de que había actuado en defensa propia”, escribió el gobierno en una carta a la familia Melton. “Kimbell murió en febrero de 1985”.
Otro caso es el de Jasper Greenwood, cuyo cuerpo descompuesto fue encontrado junto a su coche en Vicksburg, Mississippi. De acuerdo al FBI, Greenwood estaba con una mujer casada en la “calle de los amantes” cuando sufrió un ataque cardíaco fatal, y ella huyó del lugar.
Luego está el caso de John Earl Reese, que estaba bailando con amigos en una cafetería en Longview, Texas, cuando les dispararon desde un coche en movimiento que lo mató a él e hirió a dos primos. Dos hombres blancos, Perry Dean Ross y Joe Simpson, fueron finalmente imputados, aunque los cargos contra Simpson fueron desestimados cuando accedió a declarar contra Ross –el que recibió una sentencia suspendida por asesinato.
El FBI cerró su investigación de casos archivados porque concluyó que Rosse y Simpson, ambos muertos hacía tiempo, habían actuado solos. Sin embargo, Joyce Nelson Crockett, uno de los primos heridos esa noche, expresó gratitud por el interés del gobierno.
“Hizo más bien que mal”, dijo Crockett, que tiene setenta años y mala salud, sobre la carta. “Saber que era suficientemente importante como para revisarlo, porque lo que hicieron está mal. No tenían ningún motivo para hacerlo. Éramos todos jóvenes”.
Herbert Orsby, un niño de Nueva Orleans de catorce años cuyo cuerpo fue hallado en el Big Black River cerca de Pickens, Mississippi, en 1964, adonde había ido para visitar a su abuela. Algunos voluntarios de los derechos civiles dijeron que habían visto a un chico negro que correspondía con la descripción de Herbert que había sido obligado a punta de pistola a subirse a una camioneta, y hubo rumores de que Herbert llevaba una camiseta de manga corta con la abreviatura del Congreso de la Igualdad Racial, C.O.R.E.
Pero la pesquisa del FBI en la época no encontró evidencias de participación de terceros y concluyó que el chico se había ahogado. Durante años, las persistentes sospechas fueron rara vez comentadas en la familia Orsby.
“En esos días, en Mississippi, las cosas no se removían”, dijo Roy Orsby, uno de los hermanos de Herbert, ahora de sesenta años.
Después de 46 años de no hacer nada, Orsby recibió una visita de un agente del FBI que dijo que el buró estaba investigando el caso. Semanas después, dijo Orsby, recibió una carta.
Decía que los agentes habían revisado los expedientes de la pesquisa original de 1964, se habían puesto en contacto con funcionarios de Mississippi y dos organizaciones de derechos civiles, realizado investigaciones de los archivos históricos en bibliotecas y en internet, y “solicitado información sobre el caso mediante un comunicado de prensa”.
La conclusión: “Después de una cuidadosa revisión de este incidente, no hay evidencias suficientes que indiquen que la muerte de su hermano constituya un homicidio cometido por motivos raciales”.
La experiencia fue a la vez breve y extraña. “Imagino que lo que están haciendo es enterrando el caso de nuevo”, dijo Orsby. “Nunca descubrieron qué ocurrió”.
Sin embargo, Margaret A. Burnham, profesora de derecho y fundadora del Programa de Justicia Restaurativa y Derechos Civiles de la Facultad de Leyes de la Northeastern University, dijo que las cartas sí importaban, incluso si no implicaban ninguna resolución.
“Dejando de lado que el FBI pudo haber hecho algo más, respeto la dignidad con que aceptan responsabilidad al dejar que las familias sepan que la justicia las dejó caer”, dijo Burnham. “Si es suficiente, no lo sé. Pero es algo necesario”.

Todavía sin Resolver
Por difícil que sea recibir una carta diciendo que la investigación sobre la muerte de un ser querido será archivada sin una conclusión satisfactoria, el dolor es diferente a no tener ninguna resolución en absoluto, como en los veinte o más casos archivados que siguen abiertos.
Tres de ellos giran sobre asesinatos que ocurrieron en un tramo de diecinueve kilómetros de la Autopista 84, de aquí en Ferriday a la ciudad de Natchez, Mississippi, al otro lado del río Mississippi. Los tres han sido extensamente investigados por Stanley Nelson, periodista de un semanario local, The Concordia Sentinel, que dice que el FBI no ha dado a los casos archivados el tratamiento que merecen porque no asignó agentes para que investigaran a tiempo completo.
“No creo que puedan dedicar el tiempo que se necesita para resolver esos casos”, dijo Nelson, que cree que los casos siguen abiertos en parte porque él mismo sigue escribiendo sobre ellos. “No están en las comunidades hablando con la gente, golpeando puertas, fatigándose”.
Esta parte del Sur vive torturada por preguntas sin respuesta.
En Ferriday, todo lo que quedaba de la zapatería que fue quemada en 1946 –con su propietario negro, Frank Morris, obligado a permanecer dentro a punta de pistola- es un bloque de cemento en un sitio eriazo. Nunca fue nadie arrestado, pero en los últimos años ha habido investigaciones con jurados, muy probablemente impulsadas por los reportajes de Nelson identificando a los sospechosos que están todavía vivos.
A unos kilómetros al sudeste de la Autopista 84, en un lugar llamado Vidalia, está el motel Budget Inn. Hace cincuenta años se llamaba el Shamrock Inn, donde el Silver Dollar Group -una fracción extrema del Ku Klux Klan- acostumbraba a reunirse en la cafetería, y donde, en 1964, un botones negro llamado Joe Edwards fue acusado de haber besado a la recepcionista nocturna del motel, una mujer blanca.
Dos días después, Edwards desapareció para siempre.
Y algunos kilómetros más allá, al otro lado del Puente Natchez-Vidalia en Mississippi, una placa marca el lugar donde, en 1967, una camioneta Chevy conducida por Wharlest Jackson, veterano de la Guerra de Corea, estalló en llamas. Había recién aceptado un ascenso a una posición de supervisión –es decir, una posición reservada a los blancos- en una planta de llantas.
Pronto había agentes del FBI en toda la zona, infiltraron el Silver Dollar Group y lo obligaron a poner fin a su campaña de terror, aunque sin detener a nadie. Los hijos de Jackson no esperan que la iniciativa de los casos archivados cambie la falta de resolución de esos casos, y consideran la iniciativa del gobierno como peor que nada.
“¿Pará que abrirlos y para qué abrir viejas heridas?”, dijo Debra Sylvester, una de las hijas de Jackson. “Mi mamá siempre decía que todo lo que puedes hacer es orar. Algún día los autores tendrán que rendir cuentas. Algún día tendrán que rendir cuenta ante su hacedor”.
Entretanto, Lee, del FBI, dijo que el buró probablemente cerraría más casos en junio. Cuando se le preguntó si se presentarían cargos criminales, dijo: “Probablemente no”.
26 de marzo de 2013
16 de marzo de 2013
©new york times
cc traducción c. lísperguer