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[Argentina] [Unos veinte agentes de la Federal investigados por abusar de dos niñas pobres. El Ministerio de Seguridad desplazó a ocho policías acusados de integrar un grupo donde se pasaban unos a otros a dos hermanitas de una villa bonaerense para abusar de ellas. Una de ellas tuvo dos hijos, a los 12 y a los 15. Se sospecha que hay unos veinte implicados.]

[Raúl Kollmann] Veinte integrantes de la Policía Federal están siendo investigados por reducir a la esclavitud sexual, violación, corrupción de menores y otros delitos gravísimos a dos hermanas con las que supuestamente mantenían relaciones en una pensión, en oficinas de terminales de ferrocarril y en el propio cuartel de la Policía Montada, en Palermo. La hermana menor quedó embarazada a los 12 o 13 años y nuevamente a los 15, por lo que la jueza Vilma López ordenará estudios de ADN para determinar cuáles de los uniformados son los padres de las dos criaturas. De los veinte suboficiales, están ya identificados ocho, que fueron separados de la fuerza según el Orden del Día de la Policía Federal del 14 de marzo. Por mantener relaciones sexuales con las dos hermanitas, que prácticamente vivían en la calle, los uniformados les daban unos pesos y a veces sólo comida. En sus declaraciones, las chicas cuentan que hubo oportunidades en que las tuvieron en el cuartel más de un día.
La causa judicial se puso en marcha a fines de 2011, pero recién avanzó a paso firme en los últimos meses, después de que fuera desplazado el fiscal original y tomara el caso el fiscal Fernando Fiszer. La historia de la denuncia comenzó cuando un suboficial de la Montada le ofrece a otro una chiquita para mantener relaciones sexuales, dándole un teléfono para que se comunicara. Este uniformado toma contacto con la menor, que era una chica de la calle proveniente de una villa del sur del Gran Buenos Aires, y en lugar de mantener la relación empieza a conversar con ella. De ese diálogo surgieron los datos escalofriantes que llevaron al policía –que por entonces revistaba en Plaza de Mayo– a presentarse a la Justicia con las dos nenas. En principio, se estima que los uniformados empezaron a abusar de las niñas en 2008 o 2009, aunque la investigación todavía está en curso.
Por ahora no trascendió cómo se inició la trama. En principio, las dos chiquitas llegaban en tren desde su vivienda en el conurbano y parece que los uniformados empezaron a abusar de su situación de indigencia con unos pesos o comida. Las relaciones al principio se mantenían en la pensión o en alguna estación de tren. El paso siguiente fue que se las empezaron a pasar unos a otros. De lo que surge hasta el momento, no las obligaban a ejercer la prostitución con otras personas, sino que el abuso era perpetrado únicamente por los uniformados.
De acuerdo con lo denunciado ante la fiscalía, distintos suboficiales mantenían relaciones sexuales con ellas en una pensión en la que vivían varios de los policías, en alguna oficina de estaciones de tren y en el propio cuartel de la Montada. Según pudo saber Página/12, las chicas describieron los lugares en su denuncia inicial y cuando la jueza Vilma López concretó los allanamientos, verificó que los sitios eran tal cual los describieron las hermanas.
Los datos del expediente se mantienen en secreto, pero trascendió que la menor de las hermanas quedó embarazada a los 12 o 13 años y luego nuevamente a los 15. En su declaración dijo no saber cuál de los uniformados era el padre. Según parece, también participó del delito un guarda de tren, que sería el único imputado que no es parte de la fuerza. Para el Código Penal argentino, el mantener relaciones con una chica menor de 13 años constituye el delito de violación, así haya existido consentimiento, por cuanto se considera que se abusa de la niñez de la chica y que a esa edad no es válido el consentimiento de la niña. Si tenía más de 13 a la edad del abuso, seguramente el delito será corrupción de menores, pero en todos los casos será agravado por tratarse de personal de fuerzas de seguridad. La jueza tendrá que ver si además hubo privación ilegal de la libertad.
El policía que hizo la denuncia llevó a la mayor de las hermanas a vivir a casa de su propia madre, mientras que la menor terminó en un instituto bajo la órbita del defensor de Menores en lo Civil Atilio Alvarez. Por entonces la chiquita estaba embarazada por segunda vez y se podría haber tomado la decisión de realizar un aborto –por el origen delictivo del embarazo–, pero se impidió cualquier acción para impedir que una chica de 15 tuviera su segundo hijo producto de relaciones abusivas. Según los trascendidos, el uniformado que ayudó a las hermanas a salir del infierno, está hoy en difícil situación dentro de la fuerza, por las tensiones con los denunciados y los que todavía están sin identificar.
Durante toda la primera etapa de la investigación, el fiscal consideró que se trataba de “cuestiones sociales” y hasta llegó a archivar la causa. Para colmo, se trataba de un expediente NN porque no se conocían los nombres de los uniformados abusadores.
Recién cuando fue desplazado ese primer fiscal e intervino Fiszer y un defensor de Menores bajo la órbita de Stella Maris Martínez, el expediente empezó a tomar verdadero ritmo, con la intervención posterior de la jueza Vilma López, una magistrada reconocida por su minuciosidad y rigor. Uno de los problemas era que las chicas no conocían los nombres exactos de los abusadores. Por ejemplo, mencionaban un apellido, pero en la Policía Federal revistaban decenas de hombres con ese mismo apellido, y en la Montada había más de uno. O sea que la identificación requirió de un trabajo arduo, que ni siquiera está terminado. De los aproximadamente veinte implicados, están identificados ocho, que son los que figuran como desplazados de la Federal en el orden del día del 14 de marzo: un sargento, un cabo primero, dos cabos y cuatro agentes. La mayoría ya no está en la Montada, pero se rastreó que al momento de los hechos estaban en ese destino, donde se consumaron los abusos.
Por ahora ninguno está detenido, aunque varios ya habrían sido indagados. La jueza todavía no resolvió su situación procesal ni los delitos precisos que les imputará. Se supone que la magistrada tomará decisiones en las próximas semanas.
Hay otro aspecto que todavía está por verse: la responsabilidad de los jefes de la Montada. Por ahora no surgen evidencias contra los superiores, pero se trata de una investigación abierta en la que, para colmo, se perdió muchísimo tiempo.
30 de marzo de 2013
©página 12

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