[Nueva York, Estados Unidos] [El alcalde Bloomberg y el comisario Kelly se oponen tenazmente al nombramiento de un inspector general que controlaría los programas policiales, entre ellos el polémico programa de detención y cacheo. Pero una instancia independiente como esta es necesaria para que los ciudadanos recuperen la confianza en la policía. Editorial NYT].
El alcalde Michael Bloomberg, de Nueva York, y el comisario Raymond Kelly están furiosos por un proyecto de ley todavía pendiente en el Consejo Municipal que crearía la posición de inspector general, un funcionario con amplios poderes de revisión de las políticas del departamento de policía más grande del país. Dada la larga historia de aberraciones episódicas del departamento, la iniciativa ciertamente es necesaria. El Consejo Municipal debería seguir adelante con el proyecto y estar preparado para verlo paralizado por un veto del alcalde.
La afirmación de Kelly de que un inspector general podría afectar la implementación de la ley –o de cierto modo hacer menos segura la ciudad- es un absoluto sinsentido. Ignora el hecho de que los inspectores generales revisan las políticas de otros departamentos del ayuntamiento, así como de los departamentos de policía de otras ciudades y de agencias federales como el FBI y la CIA. Su trabajo no es la gestión sino recomendar mejoras. La afirmación de que la supervisión es innecesaria ignora no solamente la historia sino además el presente: el cada vez más polémico programa de detención-y-cacheo del departamento. En estos momentos, el programa es el tema de tres demandas federales. En Floyd contra el Ayuntamiento de Nueva York, los demandantes alegan que el departamento está deteniendo y registrando a personas sobre la base de la raza en luchar de por sospechas razonables de conducta delictiva.
El argumento de que el departamento ya tiene suficiente supervisión es igualmente débil. La Junta de Revisión de Quejas Civiles, iniciada en 1993, se ocupa principalmente de acusaciones individuales de mala conducta, no de problemas más amplios relacionados con los programas policiales. La Comisión para Combatir la Corrupción Policial tiene instrucciones restringidas.
Idealmente, el inspector general tendría una oficina independiente con su propio presupuesto y amplios poderes de citación. Pero crear una oficina autónoma requeriría que el Consejo Municipal reformara sus estatutos mediante una consulta electoral, la que el alcalde podría bloquear fácilmente. Pero miembros del Consejo Municipal han sugerido instalar al nuevo inspector general en el existente Departamento de Investigación, cuyo comisario tiene poderes de citación. Con esta fórmula, el Departamento de Policía no podría ignorar la iniciativa y decir no cuando se le pida que entregue información sobre sus programas.
Se necesitan otros cambios. Un proyecto complementario pendiente en el Consejo ilegalizaría el perfilamiento discriminatorio de la policía y permitiría que las víctimas exijan un desagravio judicial.
Pero un nuevo inspector general representaría un importante primer paso hacia la recuperación de la confianza en la policía en la ciudad.
30 de marzo de 2013
27 de marzo de 2013
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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