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[Estados Unidos] [Documentar la crueldad animal en las granjas se está convirtiendo en un delito. Varios estados han impuesto restricciones a las investigaciones encubiertas de este tipo de crueldad animal.]

[Richard A. Oppel Jr.] En un vídeo encubierto, jornaleros agrícolas queman con químicos, ilegalmente, los tobillos de los caballos de paso. Otro vídeo capta a unos trabajadores de Wyoming golpeando y pateando a cerdos y lanzando cerditos al aire. Y en uno de los más grandes productores de huevos del país, un vídeo muestra a las gallinas enjauladas junto a un área donde se deja pudrir a las aves, mientras los trabajadores queman y rompen los picos de las aves.
Cada vídeo –filmados todos en los últimos dos años por activistas animalistas encubiertos- provocó una rápida respuesta: fiscales federales en Tennessee acusaron al preparador de caballos y otros trabajadores, que se han declarado culpables, de violar la Ley de Protección del Caballo. Las autoridades locales en Wyoming acusaron a nueve empleados de la explotación agrícola de crueldad contra los animales. Y el productor de huevos, que trabaja en Iowa y otros estados, perdió a uno de sus más grandes clientes, McDonald’s, la que declaró que el vídeo influyó en su decisión.
Pero una docena o más de legislaturas tuvieron una reacción diferente: propusieron o promulgaron proyectos de ley que harán ilegal las filmaciones en vídeo encubiertas de explotaciones ganaderas, o solicitar trabajo en una de estas empresas sin revelar los vínculos con organizaciones animalistas. También han redactado disposiciones que exigirán que esos vídeos sean entregados casi inmediatamente a las autoridades, lo que los activistas dicen que frustrará cualquier investigación encubierta significativa de grandes granjas de cría intensiva.
Los críticos las llaman proyectos “Ag-Gag”.
Parte de la ley parecen inspirarse en el American Legislative Exchange Council, un grupo empresarial con cientos de representantes de diferentes estados ganaderos. La organización crea prototipos de proyectos de ley, redactados por legisladores y grupos de presión, actividad que en el pasado ha incluido cosas como una ley de armas “defiende tu terreno” y normas más estrictas para el control de la identificación de los votantes.
Uno de los prototipos de la organización, ‘The Animal and Ecological Terrorism Act’, prohíbe filmar o tomar fotos de granjas ganaderas para “difamar la empresa”. Los infractores serán ingresados en un “registro terrorista”. Funcionarios de la organización no respondieron peticiones de comentarios de los periodistas.
Activistas animalistas dicen que no han visto la ley que los inscribiría como terroristas, pero que las otras disposiciones –incluyendo leyes aprobadas el año pasado en Iowa, Utah y Missouri- hacen casi imposible producir denuncias encubiertas similares. Algunas organizaciones dicen que han restringido el activismo en esos estados.
“Definitivamente ha tenido un efecto escalofriante en nuestra capacidad de realizar investigaciones encubiertas”, dijo Vandhana Bala, abogado general de Mercy for Animals, que ha producido muchos vídeos, incluyendo la investigación de empresas avícolas en 2011. (McDonald´s dijo que el vídeo mostraba conductas “aberrantes y totalmente inaceptables”, pero de los vídeos online eran de la granja de Iowa que la abastecía de huevos. Sin embargo, Bala dijo que algunos de los vídeos que mostraban cadáveres de aves en jaulas provenían de esa explotación.)
La American Farm Bureau Federation, que trabaja para las industrias agrícolas y ganaderas, criticó los maltratos expuestos en algunos vídeos. Pero la organización advierte que algunos métodos representan las mejores prácticas aprobadas por expertos en cuidado animal.
Los vídeos pueden ser inquietantes para personas no familiarizadas con la ganadería, dijo Kelli Ludlum, directora de relaciones parlamentarias de la organización, pero es como ver una operación a corazón abierto por primera vez.
“Podrían estar haciendo un procedimiento perfecto, pero considerarías aberrante que estuvieran cortando a una persona abierta”, dijo.
En las próximas semanas, se espera que Indiana y Tennessee voten por medidas similares, mientras que estados de California a Pensilvania continúan debatiendo.
Los opositores han cosechado algunas victorias recientes, en momentos en que un puñado de proyectos de ley ha sido archivado, incluyendo los de Nuevo México y Nueva Hampshire. En Wyoming, el proyecto se estancó después de la ruidosa oposición de activistas animalistas, entre ellos Bob Barker, ex anfitrión del programa ‘The Price is Right.”
En Indiana, un extenso proyecto de ley se convirtió en uno de los más polémicos de la sesión legislativa del estado, provocando una intensa oposición de organizaciones laborales y la asociación de prensa del estado, que declaró que la moción violaba la Primera Enmienda.
Después de numerosas objeciones constitucionales, el proyecto fue redactado nuevamente y será presentado el lunes, dijo Greg Steuerwald, representante republicano y presidente de la Comisión Judicial.
El nuevo proyecto exigirá que los solicitantes de trabajo revelen pruebas fehacientes o hacer frente a cargos penales, una disposición que los opositores dicen que impedirá que los operativos encubiertos consigan empleo. Y los empleados que hacen algo más allá del alcance de sus posiciones, podrían ser acusados de invasión de morada.
Un empleado que hizo un vídeo en una granja ganadera con su celular y lo entregó a otra personas, probablemente se oponía al proyecto de ley, dijo Steuerwald. La ley no se aplicará solamente a las granjas, sino a todos los empleados, agregó.
Nancy J. Guyott, presidente del capítulo de Indiana de la AFL-CIO, dijo que temía que ley castigue a los denunciantes.
A nivel nacional, los activistas animalistas temen que perderán una valiosa herramienta que llena el vacío de lo que dicen que son regulaciones no existentes o débiles.
Las empresas ganaderas dicen que su negocio ha sufrido económicamente por los vídeos incorrectos que giran menos sobre cómo proteger a los animales que sobre convencer a los consumidores de dejar de comer carne.
Don Lehe, representante republicano del estado de un distrito rural en Indiana, dijo que los vídeos online pueden retratar a los ganaderos bajo una falsa luz y darles poca oportunidad de corregirlos.
“El dueño de la propiedad es esencialmente culpable antes de que tenga la oportunidad de abordar el problema”, dijo Lehe.
En cuanto a los denunciantes, los defensores de la industria cárnica dicen que protegidos contra procesos judiciales por disposiciones en algunos proyectos que les dan 24 a 48 horas para entregar los vídeos a las autoridades judiciales.
“Si ha ocurrido algún abuso y tienen pruebas de ello, ¿por qué aferrarse a ellos?”, dijo Dale Moore, director general de políticas públicas de la American Farm Bureau Federation.
Pero organizaciones animalistas dicen que hacer una investigación toma meses.
Empleados encubiertos no pueden describir los esquemas de abusos, reunir suficientes evidenciar para forzar una investigación del gobierno y determinar en un día o dos si los ejecutivos toleran esos abusos, dijo Matt Domínguez, que trabaja en una granja de protección animal de la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos.
“En lugar de trabajar para prevenir abusos futuros, las granjas de cría intensiva quieren silenciarlos”, dijo. “Lo que quieren realmente es que el pito se sople para denunciar al denunciante”.
La sociedad protectora era responsable de varias investigaciones encubiertas, incluyendo los vídeos de la granja porcina en Wyoming y los caballos de paso de Tennessee.
Un vídeo filmado en 2011 mostraba a trabajadores arrojando gota a gota químicos cáusticos en los tobillos de los caballos y sujetando con cadenas de metal la zona lesionada. Esta práctica ilegal y dolorosa obliga al caballo a estirar sus piernas delanteras hacia adelante después de cada doloroso paso para exagerar el distintivo paso alto favorecido por los criadores. El vídeo también mostraba a un trabajador golpeando en la cabeza a un caballo con un enorme pedazo de madera.
La sociedad protectora entregó voluntariamente el vídeo a la policía. Para cuando el vídeo fue circulado públicamente, los fiscales federales ya habían presentado cargos. Una semana después, anunciaron acuerdos de culpabilidad del preparador y los otros trabajadores.
Más tarde los fiscales atribuyeron a la sociedad protectora el haber impulsado la investigación federal y proporcionar “evidencia útil para el caso”.
Esa ayuda a los fiscales muestra la importancia de las prolongadas investigaciones encubiertas que podrían ser impedidas por leyes que exigen que el vídeo sea entregado dentro de uno o dos días, dijo Domínguez.
“Al primer indicio de crueldad animal, tenemos que retirar a nuestro investigador, y no podríamos construir un caso que termine con la imputación de cargos”.
8 de abril de 2013
7 de abril de 2013
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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