[Washington, Estados Unidos] [¿Cómo un ciudadano estadounidense se convirtió en un renegado de Estados Unidos? En la imagen, las ruinas de un coche en la provincia de Shabwa, como testamento de la capacidad anuquiladora de los ataques con drones norteamericanos.]
[Mark Mazzetti, Charlie Savage y Scott Shane] Una mañana de septiembre de 2011, un grupo de drones estadounidenses despegaron de una pista aérea que la CIA había construido en el remoto sur de Arabia Saudí. Los drones cruzaron la frontera hacia Yemen, y estuvieron pronto sobrevolando un grupo de camiones estacionados en un tramo del desierto de la provincia de Jawl, una región del empobrecido país que en el pasado era famosa por la crianza de caballos árabes.
Un grupo de hombres que había terminado de desayunar corrió a toda prisa hacia sus camiones. Uno de ellos era Anwar al-Awlaki, el encendido predicador, nacido en Nuevo México, que había pasado de vendedor por internet a alto operativo de la rama de al Qaeda en Yemen. Otro era Samir Khan, otro ciudadano estadounidense que se había mudado desde Carolina del Norte a Yemen y era la fuerza creativa detrás de Inspire, la organización militante que publica una revista en inglés en internet.
Dos de los drones Predator proyectaron sus láseres sobre los camiones para delatar los blancos, mientras los Reapers más grandes apuntaban. Los pilotos Reaper, que dirigen sus aviones desde miles de kilómetros de distancia, prepararon sus misiles y dispararon. Fue la culminación de años de un concienzudo trabajo de espionaje, intensas deliberaciones de abogados del equipo del presidente Obama y guerras territoriales entre el Pentágono y la CIA, cuyas guerras de drones paralelas convirgieron en los campos de la muerte de Yemen. Por lo que era aparentemente la primera vez desde la Guerra Civil, el gobierno de Estados Unidos había llevado a cabo el asesinato deliberado de un ciudadano estadounidense por considerarlo un enemigo de guerra, y sin juicio.
Dieciocho meses después, pese a los esfuerzos del gobierno de Obama de mantenerla envuelta en secreto, la decisión de perseguir y matar a Awlaki se había convertido en un nuevo debate y escrutinio público, provocado por la nominación de John O. Brennan, el asesor de contraterrorismo de Obama, para ser director de la CIA.
La filtración el mes pasado de un “libro blanco” no clasificado del Departamento de Justicia resumiendo los alegatos jurídicos abstractos del gobierno –preparado meses después de los asesinatos de Awlaki y Khan en medio de un debate interno sobre cuánto revelar- ha encendido demandas de mayor transparencia, lo que culminó la semana pasada en una obstrucción de trece horas en el Senado que retrasó temporalmente la confirmación de Brennan. Algunos se preguntaron en voz alta: si el presidente puede ordenar el asesinato de estadounidenses en el extranjero, sobre la base de informes secretos, ¿cuáles son los límites de su poder?
Esta versión de lo que condujo al ataque contra Awlaki, basada en entrevistas con tres docenas de ex y actuales funcionarios jurídicos y de contraterrorismo y expertos externos, da cuenta de los nuevos detalles de los retos legales, de inteligencia y militares a los que hace frente el gobierno de Obama en lo que demostró ser un episodio histórico en la historia y la legislación estadounidenses. Destaca los peligros de una guerra conducida detrás del velo de lo clasificado, dependiendo de ataques con misiles rara vez reconocidos por el gobierno estadounidense y complejas justificaciones legales redactadas sólo para lectura de un pequeño grupo de funcionarios.
El ataque con misil del 30 de septiembre, que mató a Awlaki –un líder terrorista cuya muerte los abogados del gobierno de Obama creen que se justificaba- también terminó con la vida de Khan, aunque los funcionarios habían concluido que no representaba una amenaza muy significativa para justificar que fuera seleccionado específicamente. Al mes siguiente, otro ataque con drones mató por error al hijo de dieciséis años de Awlaki, Abdulrahman, que se había internado en el desierto de Yemen buscando a su padre. En apenas dos semanas, el gobierno de Estados Unidos había asesinado a tres de sus propios ciudadanos en Yemen. Sólo uno de ellos fue asesinado a propósito.
Amenaza en Evolución
Para cuando el misil lo encontró, Awlaki, 40, había estado bajo vigilancia de funcionarios estadounidenses durante más de una década. Primero fue investigado por el FBI en 1999 debido a sus asociaciones con militantes y fue interrogado después de los atentados terroristas de 2001 por sus contactos con tres de los secuestradores en sus mezquitas de San Diego y Virginia. Pero en otras ocasiones, presentándose a sí mismo como un constructor de puentes moderado, dio entrevistas a medios de prensa nacionales, predicó en el Capitolio en Washington y asistió a un desayuno con funcionarios del Pentágono.
En 2002, después de dejar Estados Unidos para siempre, respaldó la idea de que su país natal estaba en guerra con el islam. En Londres, y luego en Yemen, donde estuvo encarcelado durante dieciocho meses con la aquiescencia estadounidense, Awlaki se acercaba cada vez más a adoptar completamente la violencia terrorista. Sus elocuentes exhortaciones en inglés a la guerra santa terminaban a menudo en los ordenadores de jóvenes conspiradores violentistas en Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos.
En 2008, dijo Philip Mudd, entonces un alto funcionario de contraterrorismo en el FBI, Awlaki “se estaba destacando como un elemento radical –no solo en algunas pesquisas, sino que prácticamente en todas”.
En noviembre de 2009, cuando el mayor Nidal Malik Hasan, psiquiatra del ejército, fue acusado de disparar en Fuerte Hood, Texas, y matar a trece personas, Awlaki finalmente encontró fama mundial. Los investigadores descubrieron rápidamente que el mayor había intercambiado e-mails con Awlaki, aunque las respuestas del clérigo habían sido cautas y evasivas. Pero cuatro días después de los asesinatos, el clérigo terminó con todas las dudas sobre qué estaba defendiendo.
“Nidal Hassan es un héroe”, escribió en su popular blog. “Es un hombre de conciencia que no pudo seguir viviendo la contradicción de ser musulmán y servir en un ejército que está luchando contra su propio pueblo”.
Por espeluznante que sea el mensaje, todavía es un discurso protegido por la Primera Enmienda. Las agencias de espionaje norteamericanas intensificaron su concentración en Awlaki, interceptando comunicaciones que mostraban la creciente influencia de al Qaeda en la Península Arábiga, una filial yemení de la red terrorista de bin Laden.
El 24 de diciembre de 2009, en el segundo ataque norteamericano en Yemen en ocho días, los misiles impactaron una reunión de líderes de una organización afiliada. Nuevas versiones dijeron que un blanco era Awlaki, del que se informó equivocadamente que había sido asesinado.
De hecho, otros altos funcionarios de la organización eran los blancos específicos del ataque, y la muerte de Awlaki podría haber sido daño colateral –jurídicamente defendible como una muerte incidental para el objetivo militar. Por peligroso que pareciera Awlaki, solo era un provocador; analistas de contraterrorismo no han encontrado evidencias incontrovertibles de que fuera, en su propio idioma, “operacional”. Eso cambiaría pronto. Al día siguiente, un nigeriano de veintitrés años llamado Umar Farouk Abdulmutallab falló en su intento de hacer explotar un avión de pasajeros que se acercaba a Detroit. El candidato a terrorista de la ropa interior dijo a los agentes del FBI que después de que se marchara a Yemen y localizara a Awlaki, su héroe online, el clérigo había conversado con él sobre “el martirio y la guerra santa”, lo aprobó para una misión suicida, lo ayudó a preparar el video de inmolación y le instruyó en cómo detonar su bomba en territorio de Estados Unidos, de acuerdo a documentos judiciales.
En su interrogatorio inicial de cincuenta minutos el 25 de diciembre de 2009, antes de que dejara de hablar durante un mes, Abdulmutallab dijo que lo había enviado un terrorista llamado Abu Tarek, aunque las agencias de inteligencia encontraron rápidamente indicios de que Awlaki estaba probablemente implicado. Cuando Abdulmutallab volvió a cooperar con los interrogadores a fines de enero, contó un funcionario, admitió que “Abu Tarek” era Awlaki. Con las declaraciones del nigeriano, funcionarios estadounidenses tenían confirmación de testigos de que Awlaki era claramente un conspirador directo, y ya no más un simple pero peligroso propagandista.
“Había estado todo el tiempo en el radar, pero fue el testimonio de Abdulmutallab el que realmente dejó sellado en mi mente que este tipo era peligroso y teníamos que detenerlo”, dijo Dennis C. Blair, entonces director de la inteligencia nacional.
Dilema Jurídico
David Barron y Martin Lederman tenían un problema. Como abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, les había tocado a ellos declarar si el asesinato deliberado de Awlaki, pese a su ciudadanía, sería legal, asumiendo que no fuera posible capturarlo. La pregunta planteaba un complejo lío de obstáculos potenciales tanto bajo leyes nacionales como internacionales, y Awlaki podría ser ubicado en cualquier momento.
De acuerdo a funcionarios familiarizados con las deliberaciones, los abogados se lanzaron con el nuevo proyecto y redactaron rápidamente un breve memorándum. Concluía preliminarmente, sobre la base de evidencias disponibles entonces, que Awlaki era un objetivo legítimo porque estaba participando en la guerra [de Estados Unidos] contra al Qaeda y porque él era una amenaza específica para el país. El razonamiento yuxtapuesto justificaba un ataque sea del Pentágono, que operaba generalmente dentro de la autorización parlamentaria para emplear fuerza militar contra al Qaeda, o por la CIA, una agencia civil que operaba generalmente dentro del “marco de autodefensa nacional” derivada de los poderes de seguridad del presidente.
También analizaron otros cuerpos de ley para ver si harían que un ataque fuera inadmisible, concluyendo que no lo hacían. Por ejemplo, el gobierno yemení había autorizado los ataques aéreos en su territorio provisto que Estados Unidos negara su participación, de modo que esos ataques no violaran la soberanía yemení.
Y aunque la Constitución generalmente exige un proceso judicial antes de que el gobierno pueda matar a un estadounidense, la Corte Suprema ha admitido que en algunos contextos –como cuando la policía, para proteger a transeúntes inocentes, arremete contra un coche en una persecución policial- no se necesita el permiso de un juez; los abogados concluyeron que la amenaza de tiempos de guerra que representaba Awlaki permitían esas conductas, y por eso sus derechos constitucionales no impedían que el gobierno lo asesinara sin un juicio previo.
Pero a medida que pasaban los meses, Barron y Lederman comenzaron a inquietarse. Dijeron a sus colegas que había problemas que no habían resuelto adecuadamente, especialmente después de leer un blog jurídico que se concentraba en una ley que prohíbe que los estadounidenses maten a otros estadounidenses en el extranjero. A la luz de la gravedad del asunto, y con más tiempo, empezaron a redactar un segundo memorándum más comprehensivo, expandiendo y refinando su análisis jurídico y, en una decisión inhabitual, buscando y citando densas marañas de informes de inteligencia respaldando la teoría de que Awlaki era el cerebro detrás de los ataques.
Sus esfuerzos se representaron contra el telón de fondo de cómo algunos de sus predecesores bajo el presidente George W. Bush se habían definido en sus propios memorándums –entonces secretos- defendiendo una visión que otorga poderes prácticamente ilimitados al Ejecutivo, como los poderes de un presidente en tiempos de guerra, que le permitían pasar por alto reglamentos parlamentarios que limitan la tortura y el espionaje.
En realidad, Barron y Lederman habían producido una definitiva denuncia de ese punto de vista, escribiendo en un ensayo de la extensión de un libro y ensayo de dos partes en la Harvard Law Review en 2008 que la teoría de los poderes presidenciales del equipo de Bush que no pudo ser verificada por el Congreso era “incluso un intento más radical de rehacer la ley constitucional de los poderes de guerra que es a menudo reconocida”. Entonces senador, Obama había dicho que la teoría de los poderes presidenciales del equipo de Bush podía eludir la ley que exige garantías contra la vigilancia “ilegal e inconstitucional”.
Ahora Barron y Lederman estaban siendo interrogados sobre si el equipo de contraterrorismo del presidente Obama podía dar por sí solo el próximo extraordinario paso, pese a potenciales obstáculos como las leyes sobre homicidios en el extranjero. Implementada como parte de un proyecto de ley contra la delincuencia, no hace excepción cuando se trata de amenazas a la seguridad nacional. En contraste, la principal ley que castiga el homicidio en contextos domésticos cotidianos es mucho más matizada y cubre sobre los homicidios “ilegítimos”.
Mientras investigavan los raros casos en que se invoca la ley de homicidios, Barron y Lederman descubrieron una decisión a nivel de corte de distrito en 1997 que implicaba a una mujer acusada del asesinato de su hijo en Japón. Un juez falló que el asesinato en ultramar debe ser interpretado como incorporando las excepciones a su contraparte en los asesinatos domésticos, escribiendo, que el “Congreso no tenía la intención de criminalizar los homicidios justificables o excusables”.
Y argumentando que no se trata de un “homicidio” ilegítimo cuando un gobierno asesina a un jefe enemigo en guerra o por motivos de defensa nacional, Barron y Lederman concluyeron que la ley de homicidios en ultramar no podría impedir un ataque. No habían recurrido a las teorías al estilo de Bush que antes habían denunciado como amplios poderes presidenciales para desechar limitaciones decretadas por el Congreso.
Debido al retorno a la academia en el otoño de 2010, los dos abogados terminaron su segundo memorándum sobre Awlaki, cuyo razonamiento fue ampliamente aprobado por otros abogados del gobierno ese verano. Había aumentado a 63 páginas, pero seguía estrechamente entrelazado a las circunstancias de Awlaki, aprobando la fuerza letal contra él sin abordar el tema de la permisibilidad del asesinato de ciudadanos, miembros de bajo rango de al Qaeda, en otras situaciones.
Casi tres años después se haría pública una versión de porciones de análisis jurídico en el “libro blanco”, que borró todas las referencias a Awlaki mientras retenía los ecos, como su discusión de un “jefe operacional con experiencia”. Divorciada de su contexto original y malinterpretada como una declaración general sobre el alcance y límites de la autoridad del gobierno para asesinar a ciudadanos, el libre razonamiento conduciría a una generalizada confusión.
Espionaje Incrementado
Ahora los abogados habían autorizado dos veces el asesinato de Awlaki en casos en que no pudiera ser capturado con vida –pero el gobierno todavía no sabía dónde se ocultaba en Yemen. Durante el primer semestre de 2010 la CIA estaba simplemente aumentando su recabamiento de inteligencia en el país, y espías saudíes todavía tenían que penetrar las redes militantes en Yemen en niveles bastante profundos que les permitieran enterarse de los escondites de dirigentes de al Qaeda en la Península Ibériga.
Awlaki parece haberse ocultado la mayor parte del tiempo en la provincia de Shabwa, un trayecto de varias horas al sudeste de la capital, territorio de al Qaeda y también el territorio tradicional de la poderosa familia de su tribu, los Awlaqi. El reservado y prolongado presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, negoció con líderes tribales, que se ofrecieron a mantener a Awlaki en régimen de prisión domiciliaria, de acuerdo a un funcionario yemení. Las conversaciones no rindieron fruto.
Y había otros problemas. Un desastroso ataque con misiles en mayo había matado accidentalmente a un vicegobernador provincial en Yemen y enfurecido al presidente Saleh, suspendiendo efectivamente la guerra clandestina. Pasarían meses antes de que Pentágono volviera a atacar en Yemen.
En agosto de 2010, el padre de Awlaki, con la ayuda de organizaciones de libertades civiles, presentó una demanda en Washington impugnando el plan del gobierno de asesinar a su hijo, el que se había filtrado a la prensa. En documentos judiciales, el gobierno preparaba sus demandas públicas contra Awlaki y dijo que él se pudo entregar siempre.
Pero también declaró que las cortes no deberían jugar ningún papel en la supervisión de las decisiones sobre blancos en tiempos de guerra, argumentó que el padre de Awlaki no tenía personalidad jurídica para presentar el caso, e invocó el privilegio de los secretos de estado. En diciembre de 2010, un juez desechó la demanda.
De retorno en Yemen, la CIA y el Pentágono usaron la pausa en la campaña aéres para desarrollar más fuentes dentro del país. La Agencia de Seguridad Nacional incrementó el monitoreo de celulares en Yemen y penetró redes cibernéticas para interceptar mensajes electrónicos. Conscientes de que Obama, consternado por el atentado de la ropa interior fallido, estaba siguiendo estrechamente la cacería, las agencias competían para conseguir nuevos fragmentos sobre Awlaki en las sesiones informativas diarias del presidente, explicó un ex analista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa.
Y muy tranquilamente, la CIA empezó a construir su propia base de drones en Arabia Saudí. Funcionarios saudíes habían dado a la CIA permiso para construir la base a condición de que el papel del reino fuera mantenido secreto. Y la base se encargó de un problema separado: el gobierno en Djibouti, donde los militares basaban sus operaciones con aviones no tripulados en la región, imponiendo estrictas restricciones a las operaciones letales realizadas desde su territorio. El gobierno saudí no hizo demandas similares.
Entretanto, los ataques vinculados de varios a Awlaki continuaron aumentando, incluyendo un atentado con coche bomba en la plaza Times Square en mayo de 2010 por Faisal Shahzad, ciudadano estadounidense naturalizado que se había acercado al predicador en internet, y el atentado frustrado con bomba por al Qaeda en la Península Ibériga contra aviones de carga con destino a Estados Unidos en octubre.
A fines de 2010 o principios de 2011, tropas de seguridad yemení rodearon un pueblo en la provincia de Shabwa donde se dijo que se había ocultado Awlaki, dijo Gregory Johnsen, académico de Princeton y autor de ‘The Last Refuge: Yemen, al-Qaeda, and America’s War in Arabia’. Pero una búsqueda de casa en casa no dio resultados.
En la Casa Blanca, la frustración era creciente.
La Cacería Se Estrecha
Incluso a medida que avanzaba la cacería, el gobernante yemení empezó a perder el control del poder cuando su país se vio envuelto en las revueltas que se extendieron por el mundo árabe a principios de 2011.
Ese junio, una descarga de misiles impactó el salón del palacio presidencial donde se estaba ocultando Saleh, que quedó gravemente herido. El atentado puso fin efectivo a su gobierno.
El debilitamiento de Saleh dio a los estadounidenses más libertad para la cacería de Awlaki. Para entonces, espías estadounidenses y saudíes habían recurrido a varios militantes para que ayudaran a los estadounidenses a orientar los ataques.
En su intento más exótico de localizar al clérigo, la CIA trabajó con el servicio secreto danés para usar a Morten Storm, un converso danés que había trabado amistad con Awlaki, para poner un dispositivo de rastreamiento en la maleta de una mujer que había accedido a convertirse en la tercera esposa de Awlaki. El plan fracasó cuando los desconfiados socios de Awlaki rechazaron la maleta. Pero Storm también contó a las autoridades que se había comunicado con Awlaki a través de un mensajero; no está claro si el mensajero finalmente ayudó a la CIA a localizar a Awlaki.
También empezaron a emerger otras fuentes de información, y una de ellas provocó un nuevo debate. En abril de 2011, Estados Unidos capturó a Ahmed Abdulkadir Warsame, un somalí que trabajó estrechamente con la filial de al Qaeda en Yemen. Estuvo retenido durante dos más de dos meses en un buque y habló espontáneamente con los interrogadores, incluyendo un relato de sus encuentros con el hombre de Carolina del Norte que ahora edita la revista de la organización, Samir Khan.
Aunque Estados Unidos había seguido a Khan durante un largo tiempo, los nuevos detalles del interrogatorio de Warsame plantearon el interrogante de si otro ciudadano estadounidense debía ser considerado un blanco. Todavía había muy pocas evidencias que asociaran a Khan con alguna conspiración específica, de modo que el gobierno lo dejó fuera de la lista negra. Pero los acontecimientos no resultaron igual de nítidos.
En mayo de 2011, días después de que el comando estadounidense en Pakistán asesinara a bin Laden, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono, el centro de las unidades secretas de comando de la Armada y el Ejército, tuvo su mejor oportunidad para matar a Awlaki cuando este avanzaba hacia la provincia de Shabaw. Drones y aviones de guerra Harrier de la Armada dispararon contra su camión, pero logró eludirlos y esconderse en una caverna. De acuerdo a Johnsen, el experto de Princeton, Awlaki contó a amigos que el episodio “aumentó mi certidumbre de que ningún ser humano muere sino a partir del día en que completa su plan de vida y en el momento indicado”.
Finalmente, a fines de septiembre de 2011, la base de la CIA en Arabia Saudí estaba lista. El asesor en contraterrorismo de Obama, Brennan, instruyó que la principal responsabilidad por la cacería se trasladara a la agencia. David H. Petraeus, que había asumido como director de la CIA el 6 de septiembre, ordenó que varios vehículos aéreos no tripulados fueran reubicados desde Pakistán a Arabia Saudí. A mediados de septiembre, los estadounidenses estaban completando el círculo –con actualizadoes de una fuente de la CIA en al Qaeda en la Península Ibériga, informaron funcionarios. Fue entonces que empezó una búsqueda muy diferente de Awlaki.
Mientras Awlaki se convertía en uno de los terroristas más buscados del mundo, su hijo de dieciséis años, Abdulrahman, había llevado la vida de un adolescente normal. Le gustaban los deportes y la música y actualizaba regularmente su página en Facebook. Pero ahora se escapaba de la casa de la familia en Sana, la capital de Yemen, dejando una nota de disculpas a su madre, diciéndole que se había ido a buscar a su padre.
Pero para cuando el adolescente se dirigía hacia Shabwa, su padre se había marchado a la provincia de Jawf, a cientos de kilómetros de distancia. Acompañado por Khan, el viejo Awlaki cruzaba territorio escarpado, cuidando de no quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar.
Lo que él no sabía que era que la fuente de la CIA estaba informando sobre sus movimientos. En la mañana del 30 de septiembre, una flota de drones llegó al cielo de Jawf. Los misiles destruyeron el convoy.
Ese mismo día, en una ceremonia militar en Fuerte Myer en Arlington, Virginia, Obama tomó nota de la victoria para todo el esfuerzo contraterrorista de Estados Unidos –pero en un torpe lenguaje indirecto. Awlaki, decía, “fue asesinado” en Yemen, y “este éxito es un tributo a nuestra comunidad de inteligencia y a los esfuerzos de Yemen y sus fuerzas de seguridad han trabajado estrechamente con Estados Unidos”.
Obama desclasificó inmediatam entre el ataque contra bin Laden. Pero esta vez señaló que la operación en Yemen, aunque ya se había informado sobre él en todo el mundo, no sería reconocido oficialmente. Miembros del Congreso hablarían con cuidado sobre el asunto, y funcionarios de contraterrorismo comentarían solamente en privado lo que el mundo ya sabía.
Funcionarios de gobierno que habían trabajado durante meses en la evaluación del asesinato de Awlaki, evaluaron la situación. Khan, al que habían decidido específicamente no incluir en la lista negra, también había muerto. Aunque los abogados creían que su asesinato era legalmente defendible como daño colateral, la muerte arrojó una nube sobre todos esos meses de esfuerzos aparentemente cuidadosos para determinar quién debería estar en la lista negra y quién no.
Entonces, el 14 de octubre, un misil destinado aparentemente contra un operativo de al Qaeda en Egipto, Ibrahim al-Banna, impactó una modesta cocinería al aire libre en Shabwa. Los datos eran malos: Banna no estaba allá, y entre la docena de hombres asesinados se hallaba el joven Abdulrahman al-Awlaki, que no tenía ningún vínculo con el terrorismo y no habría sido seleccionado nunca deliberadamente.
Fue un error trágico y para el gobierno de Obama, un desastre de relaciones públicas, enturbiando todavía más la claridad moral de los ataques previos contra su padre y alimentando el escepticismo sobre las declaraciones estadounidenses sobre la precisión quirúrgica de los drones. El daño sólo fue compensado cuando funcionarios anónimos primero mencionaron la edad del joven Awlaki, 21, llevando a su adolorida familia a hacer público su certificado de nacimiento.
Había nacido en Denver, decía el certificado del Departamento de Salud de Colorado. En Estados Unidos, en la época en que un misil de su gobierno mató a su padre, el adolescente recién había alcanzado la edad para conducir un coche.
21 de abril de 2013
9 de marzo de 2013
©new york times
cc traducción c. lísperguer