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[Washington, Estados Unidos] La Corte Suprema limita las demandas civiles contra atrocidades cometidas por estadounidenses en el extranjero].

[Robert Barnes] La Corte Suprema falló el miércoles sobre la limitada capacidad de las cortes estadounidenses para atender demandas civiles imputando complicidad corporativa en atrocidades contra los derechos humanos cometidas en el extranjero, pero no todos los jueces estuvieron de acuerdo en lo cerrada que debe estar la puerta.
Los jueces fueron unánimes en paralizar un caso presentado por cerca de una docena de nigerianos que viven ahora en Estados Unidos que dicen que la Royal Dutch Petroleum, la casa matriz de Shell Oil, colaboró y fue cómplice del gobierno nigeriano en la tortura y asesinato de manifestantes que protestaban contra las operaciones de la compañía en la región de Ogoni en los años noventa.
El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., escribió que una “de las leyes más antiguas que se encuentran en los códigos” –la Ley de Agravios contra Extranjeros de 1789- no permitía una ley semejante, y “la compensación por violaciones a la ley de naciones que ocurren fuera de Estados Unidos no son toleradas”.
La ley, aprobada por el primer congreso, ha sido usada por activistas de derechos humanos para juzgar a individuos que participaron en abusos en el extranjero, así como empresas que hacen negocios en este país y países extranjeros donde ocurrieron los abusos.
Roberts dijo que las cortes debían presumir que las leyes aprobadas por el Congreso no tenían alcance territorial.
Su opinión fue compartida por el resto de los conservadores de la corte: los jueces Antonin Scalia, Anthony M. Kennedy, Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr.
Los liberales accedieron en que la demanda entablada por Esther Kiobel y otros no podía seguir adelante. Pero no estaban de acuerdo con el razonamiento de Roberts.
El juez Stephen G. Breyer desaprobó la dependencia de Roberts de la “presunción contra la extraterritorialidad”. Creía que la ley todavía podía ser usada en algunos casos.
Específicamente, dijo Breyer, cuando la conducta de los acusados “afecta substantivamente y de manera adversa un interés estadounidense nacional importante, y eso incluye a interés distintivo en impedir que Estados Unidos se convierta en refugio (libre de responsabilidad civil o criminal) de torturadores u otros enemigos de la humanidad”.
Breyer fue apoyado por las juezas Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
Hubo otras opiniones coincidentes, que parecían convertir la opinión en menos que una bien definida delineación de cuando la Ley de Agravios contra Extranjeros puede entrar en juego.
En alegatos orales, el abogado de Kiobel, Paul L. Hoffman, parecía enfrentarse a una misión imposible tratando de convencer a los jueces que dieran lugar a esas demandas. Estados Unidos había sido líder de una tendencia mundial hacia la “justicia universal” para personas y empresas que participen en atrocidades contra los derechos humanos, dijo.
Permitir que las cortes estadounidenses consideren esas demandas “debería darles la posibilidad de que funcionen”, dijo Hoffman.
El caso de derechos humanos fue el primero tratado por la Corte Suprema en el otoño pasado. Pero fue la continuación de meses de debate sobre la ley, que permite que las cortes federales atiendan “cualquier acción civil por un extranjero por un agravio solamente, cometido en violación de la ley de naciones o un tratado de Estados Unidos”. Pero después de los años setenta fue rara vez invocado.
La corte aceptó primero el caso a fines de 2011 para decidir si la ley se aplica solamente a empresas o a individuos. Pero en los alegatos orales en febrero de 2013, quedó en claro que algunos jueces conservadores se preguntaban si debería aplicarse a cualquier acto cometido en el extranjero, y la corte ordenó nuevos alegatos.
Quedó en claro durante los nuevos argumentos en octubre que esas preocupaciones persistían.
En un caso que implicaba una ley federal reciente, la Corte Suprema falló unánimemente en abril de 2012 que la Ley de Protección a Víctimas de Tortura de 1991 permite demandas contra individuos en ultramar responsable por torturas y asesinatos pero no permite que víctimas de torturas demanden a empresas o grupos políticos, como por ejemplo la Organización para la Liberación de Palestina.
El caso es el de Kiobel contra la Royal Dutch Petroleum Co.
21 de abril de 2013
17 de abril de 2013
©washington post
cc traducción c. lísperguer

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