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[Un residente de un edificio del Bronx en Nueva York, comparó la vida en un proyecto social con el programa de detención y cacheo con una “colonia penal” donde padres respetuosos de la ley son atacados por policías cuando salen a comprar leche y galletas para sus hijos. Editorial NYT].

El constitucionalmente sospechoso programa de detención y cacheo del ayuntamiento de Nueva York está siendo correctamente vapuleado en cortes federales. A principios de año, la corte falló en la causa Ligon contra el Ayuntamiento de Nueva York que el ayuntamiento había violado las garantías de la Cuarta Enmienda contra los allanamientos y decomisos arbitrarios haciendo ilegalmente detenerse a personas en los alrededores de edificios en el Bronx. En el caso de Floyd contra el Ayuntamiento de Nueva York, que actualmente trata la Corte de Distrito Federal en Manhattan, los querellantes acusan al ayuntamiento de detener y cachear ilegalmente a ciudadanos sobre la base de perfiles raciales.
Una tercera querella, Davis contra el Ayuntamiento de Nueva York, impugna la legalidad del programa en los proyectos de vivienda social del ayuntamiento, donde los residentes y visitantes dicen que están siendo detenidos ilegalmente interceptados o detenidos. En un fallo en el caso Davis la semana pasada, la jueza Shira Scheindlin rechazó la mayor parte de los alegatos del ayuntamiento contra las reclamaciones de los querellantes, allanando el camino del caso hacia un juicio.
Al permitir que el caso siga adelante, la jueza observó que los jurados podrían razonablemente llegar a varias inquietantes conclusiones sobre el caso. Podrían decidir que la policía ha adoptado programas inconstitucionales que conducen a amplios operativos de interceptaciones y detenciones por invasión de morada; que la práctica se originó en el “adiestramiento y supervisión inadecuadas en las normas constitucionales, y medidas disciplinarias inadecuadas en respuesta a la violación de esas normas”; y que la policía trata niveles similares de delincuencia más agresivamente cuando ocurren en proyectos de vivienda social que albergan a una gran parte de afroamericanos.
La jueza Scheindlin aceptó que era necesario proporcionar seguridad a los proyectos de vivienda social. Pero las agresivas tácticas del programa de detención y cacheo de la policía, sugirió, se habían cobrado un peaje emocional demasiado alto para numerosos residentes inocentes.
La jueza recurrió al testimonio de Reginald Bowman, presidente de un grupo de residentes de viviendas sociales, que comparó la vida en un proyecto social con el programa de detención y cacheo con una “colonia penal” donde los padres respetuosos de la ley son atacados por la policía cuando van al supermercado a comprar leche y galletas para sus hijos.
En lugar de subestimar las reclamaciones de los querellantes, el ayuntamiento debe solucionar esas demandas y cerciorarse de que los agentes de policía adhieran a las garantías de la Cuarta Enmienda sobre allanamientos y confiscaciones arbitrarias.
22 de abril de 2013
3 de abril de 2013
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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