[Estados Unidos] [No disminuye urgencia de crear un marco jurídico para las ejecuciones de ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo contra su propio país. Pero sería mejor que EUA simplemente volviera a instaurar un estado de derecho democrático.]
El gobierno de Obama ha sacado a flote un plan para traspasar a responsabilidad de las operaciones con vehículos aéreos no tripulados (drones) desde la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a las Fuerzas Armadas. Se supone que esto haga más transparente y responsable el asesinato selectivo de sospechosos de terrorismo, pero de momento no parece que vaya a ser otra cosa que una mejoría marginal.
El descontento popular con el programa de asesinatos selectivos ha ido aumentando lentamente a medida que las misiones con drones subieron de cincuenta bajo el presidente George W. Bush a más de cuatrocientos bajo el presidente Obama, y cuando la opinión pública estadounidense cayó en la cuenta de que el asesinato por control remoto se había convertido en un elemento permanente de la política nacional. El problema llegó a un punto crítico cuando Obama nombró a John Brennan, que creó su programa de drones cuando se desempeñaba como asesor jefe en contraterrorismo, como director de la CIA, y los críticos plantearon objeciones legales, morales y prácticas. Entre las quejas: un ciudadano estadounidense, Anwar al-Awlaki, fue asesinado en Yemen en 2011 sin un debido proceso; demasiados civiles se han convertido en daño colateral; y los ataques con drones están proyectando una imagen cada vez más violenta y dañina a la política exterior estadounidense.
Ahora mismo, el Pentágono maneja los drones en Afganistán, Somalia y Yemen, donde la CIA dirige programas separados. En teoría, la opinión pública debería saber más sobre el programa de drones cuando fue trasladado al Pentágono, que, operando bajo leyes diferentes, tiene más flexibilidad para ser transparente que la CIA y está más circunscrita por el derecho internacional.
Pero la mayoría de los ataques con vehículos aéreos no tripulados han sido realizados por la CIA en Afganistán -365 contra 45 en Yemen y un puñado en Somalia- y funcionarios dicen que esos ataques continuarán. Por tanto, el cambio propuesto solo implicaría un escaso mejoramiento en las reglas que regulan los asesinatos selectivos. El problema sería similar si más operaciones con drones fueran trasladadas al Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono, que es uno de los elementos menos transparentes de las fuerzas armadas.
El obstáculo más grande para el cambio es que el papel de la CIA actualice una ficción que le ha convenido a Estados Unidos, que se niega a reconocer el asesinato de militantes en la caótica región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, y Pakistán, que denuncia los asesinatos norteamericanos, pero en realidad los tolera. Como explicó Mark Mazzetti en el Times el domingo, el servicio de inteligencia de Pakistán ha permitido ataques con drones en algunas zonas tribales bajo los términos de un acuerdo secreto sellado con la CIA en 2004. Si las fuerzas militares estadounidenses impactaran Pakistán, esto podría ser interpretado como un acto de guerra. Pero las agencias de inteligencia operan en un inframundo donde no se aplican las mismas reglas.
Obama ha prometido derrumbar la muralla de secretos y trabaja con el Congreso para crear un marco jurídico permanente para los ataques con drones. Es fundamental que el gobierno no arrastre los pies como para mantener autoridad máxima con un mínimo de control. Entre las propuestas a considerar hay una forma de revisión judicial, como la corte especial que aprueba las interceptaciones para el recabamiento de inteligencia, antes de asesinar a cuidados estadounidenses.
26 de abril de 2013
8 de abril de 2013
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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