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[Colombia] [Pese a la eliminación de la agencia, siguen denuncias de chuzadas ilegales, dicen en el Congreso.]

[Guillermo Torres] Cuando el gobierno le pidió al Congreso acabar el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, tras comprobarse que en ese organismo se hacían escuchas ilegales a magistrados, periodistas, dirigentes de oposición y defensores de Derechos Humanos, el gran temor de varios parlamentarios es que podría favorecer la impunidad para las investigaciones sobre las escuchas judiciales.
Casi dos años después de haberse liquidado el DAS, el senador Juan Lozano, expresidente del partido de La U, denunció que los archivos de información de inteligencia y contrainteligencia de esa entidad, incluso aquella información sobre interceptaciones telefónicas, hoy no se sabe dónde están ni quién los tiene archivados. Por eso pidió la urgente intervención de la Procuraduría.
“La eliminación del DAS aún no ha culminado”, dice Lozano. “La información de inteligencia y contrainteligencia está dando vueltas en Colombia y nadie sabe dónde fueron a parar. Hoy no sabemos si está completa o si ha habido filtraciones (…). La nueva Agencia de Inteligencia no está coordinada con las otras entidades del Estado encargadas de labores de inteligencia, como la Fiscalía, la Policía, y las Fuerzas Militares”.
El senador reveló que ni siquiera hay adecuación logística para que esa información esté a buen recaudo. Hecho que calificó como una amenaza a la seguridad nacional y a la intimidad de los ciudadanos.
Otro de los propósitos de la eliminación del DAS, que se acabaran las chuzadas ilegales, parece no haberse cumplido. Lozano lo asegura porque ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el Ministerio de Defensa, ni la propia Agencia Nacional de Inteligencia “han dado respuestas” a las recientes denuncias de escuchas ilegales.
“Siguen presentándose denuncias con interceptaciones ilegales que no han tenido respuesta”, dice refiriéndose al caso de las supuestas chuzadas a los periodistas de la Luciérnaga de caracol radio, Gustavo Álvarez Gardeazábal y Hernán Peláez, quienes según una denuncia que investiga la Fiscalía, habrían sido interceptados de forma ilegal en conversaciones con el procurador general Alejandro Ordóñez y la contralora Sandra Morelli.
Lozano esperaba respuestas en la Comisión Segunda del Senado, pero este martes ni el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, ni el fiscal Eduardo Montealegre ni el procurador general Alejandro Ordóñez asistieron al Congreso.
8 de mayo de 2013
7 de mayo de 2013
©semana

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