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[Argentina] [Diputados y organismos de derechos humanos denunciaron a De La Sota como “encubridor y cómplice”. Legisladores del FpV y organizaciones de derechos humanos realizaron en una conferencia de prensa una fuerte denuncia tras el hallazgo de elementos de tortura en una cárcel cordobesa y cuestionaron el paraguas que abre De la Sota para evitar la investigación.]

[Horacio Cecchi] Si se reprodujera la escena que reveló la existencia de elementos de tortura en la cárcel de San Martín, Córdoba, la sorpresa volvería a caer sobre la naturalización de la tortura. Las cadenas secuestradas por el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, la semana pasada, fueron entregadas por los propios carceleros, sorprendidos de que hasta ese momento ninguno de los jueces que visitaron la cárcel, durante mucho tiempo, hubieran dicho nada sobre las formas de “tranquilizar a los internos”. Precisamente, con la preocupación por la naturalización de la tortura en la sociedad, Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, cerró la conferencia de prensa, convocada, entre otros, por el diputado Leonardo Grosso, del FpV, para denunciar al gobernador cordobés José de la Sota como “encubridor y cómplice de torturadores”. Rodeando a Grosso, en el Anexo del Congreso Nacional, un nutrido grupo de diputados y organismos vinculados con los derechos humanos dio un muy fuerte apoyo a la investigación de la Procuvin y anunció que desde la semana que viene plantará sus bases en territorio serrano para reclamar contra el salvajismo policial.
De la conferencia participaron los diputados nacionales del FpV Adela Segarra, Remo Carlotto (presidente de la Comisión de DD.HH.), Leonardo Grosso, Araceli Ferreyra, Mónica Gutiérrez y Jorge Rivas. Pero el abanico que reunieron desbordó las fronteras del bloque y sumó representantes de organismos de DD.HH. Estaban la CPM, representada por Hugo Cañón; Ana Oberlin, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Adelqui Del Do, del Ministerio de Seguridad de la Nación; Paula Litchavsky, en representación del CELS; familiares de víctimas de la violencia institucional como Raquel Witis, madre de Mariano Witis; Miriam Medina, madre de Cristian Bordón; y Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera; también el director nacional de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Leonardo Rebolino; Esteban Rodríguez, por el CIAJ; Roberto Cipriano, secretario de la Procuvin, y Abel Córdoba, titular del organismo que desnaturalizó los usos y costumbres medievales cordobeses.
Grosso inició la conferencia recordando que “a 30 años de terminada la dictadura, en las cárceles de Córdoba –y creemos que en otros lados también– se tortura”; denunció a De la Sota “no sólo por encubrimiento, sino también por complicidad” al instruir a su ministra de Justicia, Graciela Chayep, que denunciara la inspección realizada por la Procuvin. En aquel momento, Chayep se había indignado porque se denominara elementos de tortura a los que para el gobierno cordobés eran “elementos de seguridad”. Más que una diferencia semántica, toda una definición de principios, que ante un tribunal ecuánime valdría una condena por confesión de torturas.
Grosso presentó a tres cordobeses llegados para denunciar la actividad parapolicial en horas policiales. Andrés Guzmán, de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en Córdoba, reclamó la renuncia de la ministra de las cadenas de seguridad Chayep; de Raúl Pino, secretario de Organización y Gestión Penitenciaria provincial; del ministro de Seguridad provincial, Alejo Paredes, un Casal cordobés; y del comisario Ramón Frías, jefe de los uniformados. Guzmán recordó la desaparición de Facundo Rivera Alegre y volvió a denunciar los casos de gatillo fácil de Lucas Funes, Alvaro Sarandón y Andrés Fuentes y el caso de un adolescente detenido, golpeado y trasladado a un hospital donde se curó de las heridas esposado a la cama. “Hay un Código de Faltas que estigmatiza a los jóvenes más pobres”, señaló Guzmán y arrojó el dato de que los uniformados de De la Sota realizan “200 detenciones por día, de las cuales 160 son por merodeo”.
Lo siguió Rosario Policaro, de Hijos Córdoba, quien denunció la impunidad del gobierno cordobés y reclamó a De la Sota por la aparición de Facundo Rivera Alegre. Policaro convocó a una conferencia de prensa en el local de Hijos en Córdoba, el próximo lunes a las 18, y a una marcha provincial contra la violencia institucional el día 28 de mayo, en Carlos Paz. También Julio Giménez, querellante de lesa humanidad, ex comisario de la policía cordobesa, dijo que había ingresado a la policía para encontrar a los responsables del asesinato de su padre, un militante gremial de la Córdoba predictatorial, de Tosco, Obregón Cano y Salamanca. Relató la búsqueda de los autores, las presiones que sufrió como policía, hasta que los encontró, se presentó a los juicios de lesa humanidad y terminó expulsado de la policía bajo amenazas de su propio jefe.
Abel Córdoba aseguró que “la Procuración General de la Nación y la Procuvin seguirán haciendo inspecciones en las cárceles del país” y denunció que “la ministra cordobesa no permite que el Ministerio Público Fiscal inspeccione las cárceles de Córdoba ante denuncias de torturas” y recordó que “el discurso de la ministra avala la violencia institucional en la provincia, y lo que hace es el imperio del poder violento por sobre las facultades del sistema judicial y es el imperio del poder violento por sobre las personas que están detenidas”.
La diputada nacional Mónica Gutiérrez señaló que De la Sota no tiene intención de cambiar la matriz represiva y trajo a la mesa la complicidad de algunos medios de comunicación. Remo Carlotto anunció que la semana que viene sesionará en la provincia de Córdoba y pedirá una audiencia al gobernador y que se presentará una declaración de repudio a las torturas en la República Argentina.
Hugo Cañón, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, recordó que “la dictadura no nació de un repollo”, sostuvo que “lo más grave de todo es la naturalización de la tortura” y que se debe erradicar manteniendo una fuerte “disputa en el plano ideológico, político y cultural”.
Para empezar, lograr que la actuación de la ministra cordobesa de las cadenas de seguridad provoque una ola de rechazo e indignación casi por reflejo. Que no ocurra parece señal de que se está encadenado.
17 de mayo de 2013
©página 12

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