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[Estados Unidos reconoce asesinato de cuatro ciudadanos estadounidenses en operaciones contraterroristas].

[Karen DeYoung y Peter Finn] El gobierno de Obama reconoció el miércoles que mató a cuatro estadounidenses en operaciones contraterroristas en el extranjero desde 2009, la primera vez que se ha hecho públicamente responsable por las muertes.
Aunque el reconocimiento, contenido en una carta al fiscal general Eric H. Holder Jr. al Congreso, no dice cómo fueron eliminados, de tres se sabe que murieron en ataques con drones de la CIA en Yemen en 2011: Anwar al-Awlaki, su hijo de dieciséis, y Samir Khan.
Los cuatro -Jude Kennan Mohammad, nativo de Florida imputado en Carolina del Norte en 2009- fueron asesinados en Pakistán, donde la CIA ha dirigido una campaña contra sospechosos de terrorismo durante casi una década. Su muerte no había sido informada hasta el momento.
La carta de Holder llegó el día antes que el presidente Obama debiera leer un importante discurso programado para cumplir con una promesa en su discurso sobre el Estado de la Unión en enero para hacer más transparente y responsable ante el Congreso y la opinión pública estadounidense algunos elementos de sus polémicas políticas contraterroristas.
Obama está bajo presión para explicar cómo quiere hacer incluso progresos modernos en otras prioridades que estuvieron en el centro de una promesa que hizo al principio de su primer mandato. En la parte de arriba de la lista está cerrar la cárcel de Bahía Guantánamo, donde 103 de 166 detenidos todavía bajo custodia están en huelga de hambre.
El gobierno está planeando reinicializar el traslado de detenidos, 86 de los cuales han sido autorizados para dejar la prisión. Un funcionario de la Casa Blanca dijo, sin elaborar, que Obama “anunciará varios pasos específicos para avanzar” hacia su objetivo de cerrar la instalación.
En adición a la revelación de los cuatro asesinatos, Holder escribió que Obama aprobó las sesiones confidenciales para el Congreso en un documento de política exterior en general, llamado informalmente “el guión”. El documento, más de un año en las prensas, codifica las normas y procedimientos del gobierno por su programa sin precedentes de asesinatos selectivos y captura de sospechosos de terrorismo fuera de zonas de guerra.
Casi cuatrocientos ataques con drones –en Pakistán, Yemen y Somalia- han sido lanzados por la CIA y las fuerzas armadas estadounidense durante la presidencia de Obama. Aunque el gobierno ha reconocido la existencia del programa de drones y definió su justificación bajo el derecho nacional e internacional, las operaciones específicas son consideradas confidenciales.
El secretismo que rodea al programa –incluyendo los criterios para elegir objetivos- ha conducido a una amplia oposición del derecho internacional y activistas de derechos humanos y, cada vez más, del Congreso y de la opinión pública. Aunque el Congreso ha enfatizado la precisión de los drones, organizaciones independientes han acusado que miles de civiles inocentes han perdido la vida.
La crítica parlamentaria y pública alcanzó un crescendo este año cuando Obama nominó a John Brennan, entonces su principal asesor en contraterrorismo, como director de la CIA. Antes de que pudieran confirmar a Brennan, los legisladores exigieron acceso a las recomendaciones jurídicas del Departamento de Justicia que justifican el asesinato de ciudadanos estadounidenses en el extranjero sin el debido proceso y otras garantías constitucionales. Aunque los documentos estuvieron a disposición de las comisiones de Inteligencia de la Cámara y el Senado, otros miembros insistieron en que tenían derecho a la información.
Uno de ellos fue el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont), que amenazó el mes pasado con citar al gobierno por esas recomendaciones. Después de la amenaza, Leahy dijo en una entrevistan que los documentos fueron producidos para la comisión en una sesión cerrada.
Leahy dijo el miércoles tarde que Holder lo llamó para decirle que recibiría una carta con información sobre los cuatro asesinatos e informarle sobre las sesiones inminentes sobre el guión clasificado. Aunque la carta de Holder se dirigía a Leahy, fue copiada para el resto de la Comisión Judicial.
“Creo que es un importante esfuerzo hacia la transparencia”, dijo Leahy. También dijo que recibió una llamada de la Casa Blanca invitándole al discurso de Obama del jueves en la Universidad de la Defensa Nacional en Fort McNair.
Otros no estaban seguros de que los críticos se contentaran.
“El deseo de poner esto a la altura del estado de derecho choca con los imperativos de la seguridad nacional, lo que implica un extremo secreto institucional”, dijo Jack Goldsmith, ex director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. “Ese choque empezó el primer día del gobierno”.
Antes del gobierno de Obama, el único estadounidense conocido que fue asesinado en un ataque por avión no tripulado, Kamal Derwisch, en Yemen, en 2002, durante el gobierno del presidente George W. Bush.
En septiembre de 2011, Obama anunció la muerte de Awlaki, un clérigo nacido en Nuevo México descrito como director de operaciones en el extranjero de al Qaeda en la Península Arábica, de Yemen, conocida como AQAP. Aunque Obama no reivindicó la responsabilidad de Estados Unidos, el hecho de que Awlaki fuera asesinado en un ataque con drones de la CIA fue uno de los secretos peor protegidos de Washington.
De acuerdo a la carta de Holder, Awlaki era el único ciudadano estadounidense que el gobierno “ha seleccionado y eliminado específicamente”. Khan, que editó una revista online de AQAP que proporcionó instrucciones para hacer las bombas presuntamente usadas para el atentado contra la Maratón de Boston, no fue seleccionado pero estaba junto a Awlaki y murió en el mismo ataque.
Dos años después de la muerte de Awlaki, su hijo de dieciséis años, Abdulrahman –que se había ido al desierto yemení buscando a su padre- fue asesinado en un ataque con drones que no lo tenía a él como blanco. Ese asesinato no fue reconocido, aunque un alto funcionario de gobierno lo caracterizó en privado como un “error”.
El cuarto muerto estadounidense, Jude Kennan Mohammad, no había sido previamente reportado. De acuerdo a una hoja de información hecha circular por el Departamento de Justicia, el ex residente de Carolina del Norte fue acusado de conspirar en 2009 “para proporcionar material a terroristas, incluyendo dinero, adiestramiento, transporte y personal” y “asesinar, secuestrar, mutilar y lesionar a personas en el extranjero”.
Mohammad huyó hacia Estados Unidos desde Pakistán en el otoño de 2008. De acuerdo a versiones de prensa paquistaní, Mohammad, de veinte, cuyo padre era paquistaní, fue detenido por las autoridades cuando trató de entrar a una región tribal cerca de la frontera afgana, aunque fue más tarde liberado.
La madre Mohammad, Elena Mohammad, dijo en una entrevista telefónica, que estaba consciente de que su hijo había sido asesinado en un ataque con drones, sino que recibió la noticia de gente en Pakistán, no de las autoridades estadounidenses. Dijo que no conocía otros detalles de cuándo o dónde había sido asesinado su hijo.
“Yo me encargaré de eso, y no tendré que volver a encargarme de ello porque ya lo habré hecho”, dijo. “Así que no quiero volver a mi vida. Se acabó. No tengo preguntas. No tengo nada que oír de las autoridades; el FBI ya no viene a mi casa. Se acabó. Eso es”.
Con respecto a Guantánamo, la numerosa población yemení –al menos, 84 de los 166 detenidos- podría ser un área donde Obama elija actuar. Después del fallido atentado con bomba contra un avión de pasajeros sobre Detroit el 25 de diciembre de 2009, una conspiración que vinculada con Awlaki y AQAP, el presidente suspendió todos los traslados de detenidos a Yemen.
El gobierno de Yemen y organizaciones de derechos humanos, han instado a Obama a levantar la moratoria y empezar la repatriación escalonada de algunos de estos detenidos. De los yemeníes encarcelados en el centro de detención militar en Cuba, veintiséis han sido autorizados para el traslado y otros treinta podrían ser enviados a casa si mejoraban las condiciones de seguridad en el país, de acuerdo a funcionarios estadounidenses.
El presidente de Yemen, Abed Rabbo Mansour Hadi, nombró recientemente un comité de asuntos de detenidos compuesto por ministros del gabinete y funcionarios de la Defensa, la Inteligencia y las agencias de seguridad interior para manejar cualquier beneficio y trabajar con Estados Unidos para crear e implementar un plan de reasentamiento, de acuerdo a Mohammed Albasha, portavoz de la embajada de Yemen en Washington.
Otros treinta detenidos de varias nacionalidades también fueron autorizados para su traslado por un equipo de trabajo inter-agencias en el primer año del primer mandato de Obama, pero que permanecen en la instalación.
[Greg Miller y Julie Tate contribuueron a este reportaje.]
25 de mayo de 2013
22 de mayo de 2013
©washington post
cc traducción c. lísperguer

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