[La mayoría de los estados de Estados Unidos no aplican la prohibición del Congreso adoptado en 1996 de excluir de la ayuda social y bonos de alimentación a personas condenadas por delitos relacionados con las drogas. Esta política es contraproducente, porque empuja a la gente a conductas sexuales riesgosas, como la prostitución de las madres que estuvieron condenadas. Editorial NYT.]