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[Colombia] [Por errores en trámites, desconocimiento de las normas y falta de claridad, las víctimas de una de las ciudades más importante del país pierden espacio de deliberación y decisión. Varias de ella dicen sentirse “desorientadas y abandonadas”.]

Suena paradójico, pero una de las ciudades de mayor recepción de desplazados forzados del departamento y del país, con una confrontación armada histórica en varias de sus comunas y con un buen número de organizaciones defensoras de derechos humanos no tiene representación en la Mesa Departamental de Víctimas, espacio creado por la Ley 1448 de 2011.
De acuerdo con esa normatividad, conocida también como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las mesas de víctimas, en su carácter municipal, departamental y regional, tienen el objetivo de “garantizar la participación de organizaciones de víctimas y de defensoras de sus derechos en las distintas instancias de decisión y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se crearán”.
La Secretaría Técnica la ejerce la Defensoría del Pueblo, que tiene el deber de convocar a todas las organizaciones interesadas en el tema. Luego, se conforma una mesa a nivel municipal en la que participan las organizaciones de víctimas y eligen por votación un representante; el elegido participa en la mesa departamental, en donde se elige el delegado que irá a representar a las víctimas de su departamento en la mesa nacional.
Si bien ha sido una ley bastante nombrada por funcionarios y políticos, y publicitada a través de diversos mecanismos por el Gobierno nacional, lo cierto es que aún falta mayor apropiación y conocimiento por parte de las víctimas, sus apoderados y hasta por empleados estatales.
Evidencia de la confusión que genera su aplicación en lo que tiene que ver con la conformación de las mesas de víctimas es lo ocurrido en Medellín. La falta de claridad en la información, la pobre difusión, la confusión en las fechas de las convocatorias y el incumplimiento de los requisitos por parte de las organizaciones de víctimas fueron las razones para que la capital antioqueña se quedara sin delegado para representar a la ciudad en la Mesa de Participación Departamental de las Víctimas, y perdiera la posibilidad participar en la elección del vocero en la Mesa Nacional.
Un ejemplo de todo ello se dio el pasado 26 de julio, cuando las organizaciones de víctimas de la ciudad votaron para elegir dos delegados a la Mesa Transitoria de Participación de las Víctimas a nivel municipal y cuatro más al Comité de Justicia Transicional. Al verificar la documentación, la Personería de Medellín encontró que de las 77 organizaciones inscritas sólo 11 los tenían en regla; y de los seis delegados elegidos ese día, solo uno cumplía con todos los requisitos.
Por este motivo, la votación perdió toda su legitimidad. Según Hugo Alberto Parra, Personero delegado para la atención a víctimas, “nos tocará volver a convocar a una reunión para hacer una nueva elección”.
Este proceso fallido evidenció que a las organizaciones de víctimas les hace falta más claridad e información sobre los requisitos exigidos por la Ley 1448 y lo preocupante es que a nivel institucional tampoco se tiene precisión del protocolo para conformar estas mesas ni se está informando de manera oportunidad a las comunidades.
Aura Lía Serna, delegada de Mujeres Aventureras Gestoras de Derecho, que antes era representada por Ana Fabricia Córdoba, líder de la Comuna 3 asesinada en junio del 2011, advierte que hace apenas dos semanas inscribió la organización que dirige en la Mesa Municipal porque desconocían que la convocatoria estaba abierta.
La líder barrial dice que nunca recibió información de esta convocatoria por parte de la Personería de Medellín: “Nos enteramos porque la Fundación Sumapaz nos contó. Además, la inscripción me pareció muy enredada. El formulario fue muy complicado de llenar; tenía muchas preguntas que lo corchan a uno. Nos sentimos desorientadas y abandonadas”.
Otra de las dificultades que ha tenido la conformación de estas mesas ha sido el enredo de las fechas propuestas por el Gobierno nacional. Inicialmente, las personerías tenían plazo hasta el 15 de julio para hacer las inscripciones de las organizaciones de víctimas. Pero, por solicitud de la Defensoría del Pueblo de Antioquia, se reconsideraron esas fechas y a través de la Circular 004 se amplió el plazo hasta el 4 de octubre. Aun así, dictaminó que los municipios tendrían que crear mesas transitorias de partición el 26 de julio, cuya vigencia iría hasta enero de 2013.
Alejando Sierra, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) considera que “se han creado una cantidad de acciones burocráticas y mecanismos tan enredados y complicados que hace que el conjunto de las víctimas no comprendan o no sepan cómo acceder a ese tipo espacios. Y que la delegación de las víctimas esté quedando en manos de otras personas que no necesariamente son las que las víctimas sienten que las representan”.
Además, la ley exige que en la instalación de las mesas se respete en enfoque diferencial: mujeres, grupos étnicos, personas con discapacidad; y la inclusión de distintos tipos de victimización. En el caso de Medellín, tampoco se cumplía esta norma.
La mayoría de las organizaciones inscritas son de desplazamiento forzado. Hace falta la inclusión de organizaciones que representen todos los tipos de victimización que reconoce la ley. “Nosotros hemos visto que no hay un número considerable de organizaciones frente al universo de víctimas, y nos cuestionamos hasta qué punto las que hay pueden entrar a trabajar a nombre de todas las víctimas”, dice Sierra.
El Personero delegado para la atención de víctimas estima que en Medellín hay alrededor de 120 organizaciones de víctimas. “Queremos que todas hagan parte de este proceso para que sea legítimo y participativo”, precisa.
La decisión de disolver la representación que había en la Mesa Municipal de Víctimas fue apoyada por Juanita Henao, coordinadora de reconocimiento y participación de la Unidad de Desplazamiento Forzado de la Alcaldía de Medellín.
“Le propusimos a la Personería que se devolviera en el camino, para que se haga un proceso juicioso. Además, les planteamos una ruta de trabajo: capacitémonos, hagamos un proceso de difusión estos dos meses que quedan, hagamos una caracterización de las organizaciones que están llegando, miremos si las capacitamos en Ley de Víctimas, y hagamos la elección de la mesa definitiva”, explica Henao.
La participación es un tema que les inquieta a las víctimas y a quienes desde diversas actividades y profesiones trabajan con ellas. Unos y otros se preguntan cómo será la preparación de las víctimas para asumir la responsabilidad y el peso político de estos espacios creados por la Ley 1448.
Al respecto, Ricardo Toro, abogado, analista de riesgo y defensor de derechos humanos opina que “ha habido una costumbre institucional de convocar a las personas a un evento donde se llenan planillas para justificar los refrigerios y la asistencia, pero realmente la gente no participa. La participación debe ser cualificada. Si las personas no están formadas ¿qué van a decir? ¿Sobre qué van a decidir? El debate queda en el vacío”.
Henao también cuestiona este método de participación: “Antioquia tiene 125 municipios y vamos a tener un representante a nivel nacional, eso no dice mucho. Un representante de once tipos distintos de victimización y de siete grupos distintos de enfoque diferencial es irrisorio”.
Según esta funcionaria, “la participación efectiva de las víctimas debe ser un asunto que se piense y se trabaje desde la base, pasando por el fortalecimiento organizativo, para que lleguen juiciosas y cualificadas a esos escenarios de incidencia política”.
Aunque la difusión es importante para que el proceso cobre legitimidad, las víctimas y las organizaciones exigen que las instruyan en este tema en el que se supone tendrán voz y voto, y del que dependen los intereses de las víctimas de todo el país. Así lo solicita Aura Lía: “Me siento como un microbio. Para mí eso es muy difícil entender. Necesito que me capaciten para aprender y replicarlo en mí organización. Uno siente que solo nos tienen en cuanta cuando les conviene”.
Ante lo ocurrido, la Personería de Medellín planea estrategias de comunicación para que más víctimas y organizaciones se enteren de la conformación de la mesa municipal y se inscriban. “Vamos a sacar volantes y afiches con información bien completa; vamos a llegar a las víctimas a través de las Juntas de Acción Comunal de los barrios; vamos a aprovechar los espacios que tiene la Personería en televisión para hacer difusión, y cuñas en otros medios como la radio”, precisa Parra.
El Gobierno nacional estima que antes de que finalizar agosto debe estar conformada la Mesa Transitoria de Participación de las Víctimas del país, un espacio que empezó con muchos tropiezos y en el que solo una persona por departamento representará los intereses de más de un millón de hogares víctimas del conflicto armado que hay en Colombia según la cifra del Departamento Para la Prosperidad.
Medellín tomó una decisión arriesgada al abolir la representación en la Mesa Departamental. Al respecto, Juanita Henao asegura que este hecho debe poner a todos los interesados en este tema a reflexionar sobre lo que se está haciendo para garantizarles los derechos a las víctimas.
“No tenemos representante en la Mesa Departamental y eso a esta ciudad le tiene que cuestionar y proponer lecturas políticas frente a cómo las víctimas se están juntando o no para participar. Hemos perdido un espacio. Medellín lo tendrá que asumir, atender y revisar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo prefiero que aunque vayamos más lento hagamos las cosas bien. Creo que es un error político en el tema de participación de Medellín y que nos lo van a cobrar las víctimas”, concluye la funcionaria.
25 de agosto de 2012
21 de agosto de 2012
cc verdad abierta

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