[Bogotá, Colombia. Organizaciones de derechos humanos dicen que el proceso para hacer justicia marcha muy lentamente en el caso de los civiles inocentes asesinados y clasificados como bajas de guerra].
[Chris Kraul] Leonardo Porras, un jornalero con discapacidad mental, fue engañado con la promesa de conseguir un trabajo y llevado en avión de Bogotá a una remota localidad en el norte de Colombia, donde fue asesinado a tiros por soldados colombianos. Como parte de esta vil intriga, dice la fiscalía, después de su muerte fue descrito como terrorista de izquierda muerto en combate con el fin de hinchar las bajas causadas al enemigo por el ejército.
Porras, 26, es uno de los veintidós jóvenes de la barriada de Soacha a los que, en agosto de 2008, se les ofreció trabajo y fueron más tarde hallados muertos a cientos de kilómetros de distancia en la provincia Norte de Santander. El caso destapó el escándalo de los llamados falsos positivos, que ya había sido denunciado en la época por organizaciones de derechos humanos como un grave problema, pero que algunos en el gobierno minimizaron como incidentes aislados.
Este mes, seis soldados y oficiales del ejército fueron sentenciados, después de un juicio que se prolongó durante semanas en una corte penal en Bogotá, a penas de prisión de al menos 35 años por el asesinato de Porras.
“Nunca supe por qué ni cuándo partió, porque los reclutadores le dijeron a Leonardo que mantuviera en secreto la oportunidad laboral”, dijo su madre, Luz Marina Bernal, que preside una organización de madres de víctimas de Soacha. “Simplemente desapareció y nunca tuve oportunidad de decirle adiós”.
En total, entre 2002 y 2008, más de 3.300 hombres, la mayor parte de ellos pobres, desempleados o discapacitados mentales, fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales” cometidas por las fuerzas armadas colombianas, dicen organizaciones de derechos humanos.
“Inflando el número de bajas del enemigo, los oficiales y soldados conseguían ascensos, vacaciones y otros beneficios”, dijo Iván Cepeda, un parlamentario que anteriormente dirigía una organización de víctimas del estado. El número de bajas del enemigo inflado también alimentaba la percepción de que el gobierno estaba obteniendo resultados en su lucha contra los terroristas, dijo.
Los casos de asesinato están siendo juzgados en tribunales civiles en lugar de militares porque el entonces presidente Álvaro Uribe dijo que quería garantizar juicios imparciales a la opinión pública. Se han dictado fallos en cerca de 170 de los 3.350 casos, pero una coalición de organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales piensa que las ruedas de la justicia se están moviendo demasiado lentamente.
El mes pasado, la coalición presentó una demanda ante el Tribunal Penal Internacional en La Haya, alegando que el 95 por ciento de los casos todavía no son juzgados, dijo Alberto Yepes, investigador en derechos humanos de Bogotá.
Además, el presidente Juan Manuel Santos, que era ministro de Defensa de Uribe cuando ocurrieron los asesinatos de Soacha, está patrocinando dos proyectos de ley que, combinados, podrían facilitar que los casos todavía sin juzgar sean trasladados a la justicia militar.
Se necesitan cambios para mejorar la moral de las fuerzas armadas, cuyos miembros piensan que las normas penales civiles no deberían aplicarse en tiempos de guerra, y ampliar el marco para unas negociaciones de paz que limitarían la culpabilidad penal tanto para soldados como para rebeldes en todo acuerdo futuro y así poner fin a cuatro décadas de conflicto civil, argumentaron funcionarios de gobierno.
Organizaciones de derechos humanos responden que esos cambios podrían impedir la justicia y reducir las posibilidades de determinar de cuán alto del mando militar llegaron las órdenes de cometer esos asesinatos.
“Trasladar los casos a la justicia militar resultaría en que muchos de los casos serían archivados, porque un tribunal militar no tendría ni la autonomía ni la imparcialidad que son necesarias”, dijo Yepes. “Un tribunal militar no va a responsabilizar al alto mando por ese tipo de cosas, si acaso de hecho son responsables”.
Human Rights Watch, la organización de derechos humanos de Nueva York, declaró esta semana que esa ley equivale a una “amnistía encubierta”.
Durante el juicio por el asesinato de Porras se oyeron testimonios sobre cómo los “reclutadores” recorrían los barrios pobres buscando víctimas entre discapacitados mentales y recibían cien dólares por cada uno, una vez que los entregaban a los militares.
Yepes dijo que los asesinatos de “falsos positivos” ocurrieron en 32 de las 33 provincias colombianas.
“Lo realmente asombroso era que estos casos estaban ocurriendo en todo el país. No era solo una manzana podrida. Era sorprendente lo similar que eran”, dijo Lisa Haugaard, del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos [Latin America Working Group] de Washington, un organismo de derechos humanos.
Los asesinatos sacudieron al gobierno después de que en el caso de Soacha se revelara la dimensión de los crímenes. En la línea de fuego estuvo Santos, que entonces era ministro de Defensa.
Cuando Santros atrajo el fuego por los asesinatos de Soacha en 2008, insistió en que él no tenía conocimiento de esa práctica, destituyó a veintisiete oficiales del ejército y ordenó cambios en cómo podía el ejército medir el éxito de sus campañas.
Los casos conocidos se han reducido considerablemente, pero siguen ocurriendo, denuncia Yepes.
“Todavía estoy esperando justicia”, dijo Carmen Gómez, otra madre de Soacha, cuyo hijo Víctor Fernando, 23, fue una de las víctimas. Los sospechosos de su asesinato todavía no han sido juzgados. La madre contó que los “reclutadores” engañaron a su hijo haciéndole creer que le tenían un trabajo en alguna parte en la costa nordeste de Colombia, pero de hecho lo entregaron a los asesinos del ejército.
“Quiero saber no solo quién jaló el gatillo del arma que mató a mi hijo”, dijo. “Quiero saber quién dio la orden”.
23 de junio de 2012
14 de junio de 2012
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer
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