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[Juzgar al justo. “La generación de los nietos de víctimas del franquismo fue la que empezó a hablar”.]

Durante su testimonio frente al Tribunal Supremo de España que juzga por prevaricación a Baltasar Garzón, Josefina Musulén Jiménez, miembro de la Asociación Memoria de Aragón, afirmó que los sobrevivientes y familiares de las víctimas impulsaron la investigación porque “creían que la única opción que les quedaba era la de la Audiencia Nacional”, y relató que durante muchos años creía que su abuela embarazada había sido asesinada a tiros por un falangista, pero que después de la muerte del dictador Francisco Franco se enteró que había sido llevada a un hospital, donde dio a luz a una niña que la familia aún sigue buscando.
Jiménez fue una de las dos testigos que hoy prestaron declaración en el juicio que se le sigue a Garzón desde el 24 de enero por haberse declarado competente, en 2008, para investigar los crímenes durante la Guerra Civil Española, entre 1936-1939, y la posterior dictadura franquista, entre 1939-1975. Otra testigo, María Antonia Oliver París, de la asociación Memoria de Mallorca, explicó que en la isla la represión comenzó el 19 de julio de 1936, un día después del levantamiento militar que dio origen a la Guerra Civil.
Oliver París, cuyo abuelo fue secuestrado y presumiblemente fusilado durante la guerra, aseguró que su asociación tiene documentadas 1.600 personas asesinadas y enterradas en más de 50 fosas comunes en Mallorca.
La acusación en el juicio a Garzón, representada por las organizaciones ultraderechistas manos Limpias y Libertad e Identidad, sostiene que el juez decidió investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que así estaba vulnerando la Ley de Amnistía de 1977. En cambio, la defensa alega que las desapariciones forzosas son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y cuya investigación no está prohibida en virtud de la Ley de Amnistía.
Además del juicio por los crímenes del franquismo, que continuará el lunes, Garzón está sometido desde el 17 de enero a otro proceso por prevaricación, acusado de haber ordenado la intervención en prisión de las conversaciones entre los cabecillas de una trama de corrupción y sus abogados. También corre el riesgo de que se le abra un tercer juicio, por haber aceptado supuestamente fondos del banco Santander y de algunas empresas para financiar cursos que había iniciado en los años 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York.
2 de febrero de 2012
©página 12

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