[El uso de materiales anti-musulmanes en el adiestramiento de los agentes de policía de Nueva York causa conmoción en Estados Unidos, donde se reclama una mayor fiscalización de la policía.]
[Faiza Patel y Elizabeth Goitein] El Departamento de Policía tiene la tremenda responsabilidad de proteger a los neoyorquinos contra atentados terroristas. Se le han confiado atribuciones importantes y amplia discreción en cuanto a su uso. Ha hecho un trabajo admirable en la prevención de la violencia. Pero la semana pasada nos obligó a recordar que ningún organismo de gobierno con esos poderes debería funcionar sin una fiscalización independiente.La polémica gira en torno al uso –por el departamento- de un documental de2008, ‘The Third Jihad’, en el adiestramiento de sus agentes. La película busca asustar a los estadounidenses describiendo a Estados Unidos como si estuviera siendo atacado por organizaciones musulmanas que, dice el guión, pretenden ser miembros normales de la sociedad mientras conspiran para destruirla. La película muestra a varios funcionarios, entre ellos al comisionado de policía Raymond W. Kelly. Su uso en el adiestramiento supone un deterioro de las relaciones del ayuntamiento con la comunidad musulmana, que se calcula en torno a las ochocientas mil personas, y cuyos miembros han sido aliados cruciales en la lucha contra el terrorismo.
Después de que lo informara The Village Voice por primera vez, hace un año, sobre el uso de la película en el adiestramiento policial, la policía dijo que la había proyectado sólo una o dos veces y que la toma con Kelly provenía de metrajes anteriores. Frente a los documentos recientemente liberados que certifican que la película fue vista por casi mil quinientos agentes de policía y que Kelly en realidad fue entrevistado por los propios productores, el departamento reconoce ahora la verdad, pero sostiene que la decisión de proyectar la película fue un error aislado de un solo sargento.
Un esquema similar quedó en evidencia cuando la Associated Press reveló en agosto pasado que el Departamento de Policía había estado espiando a los musulmanes cuando estos oraban, comían o hacían su vida diaria. La policía negó terminantemente la existencia del programa. Después de que la AP publicara documentos sobre una “Unidad Demográficas” asignada para reconocer las comunidades musulmanas, la policía se vio obligada a reconocer el programa, pero minimizando su importancia. En una sesión del Concejo Municipal, Kelly ofreció pocos detalles sobre el programa y dijo que la policía respetaba la ley.
Esta respuesta contrasta con la reacción del FBI y la CIA cuando se vieron enfrentadas a problemas similares hace poco. Cuando emergió a superficie que el FBI había estado usando materiales de adiestramiento anti-musulmanes, el fiscal general Eric H. Holder Jr. denunció su uso y ordenó de inmediato una investigación exhaustiva. En respuesta a acusaciones de que la cooperación de la CIA con la policía había borroneado la frontera entre el espionaje doméstico y el contraespionaje, el inspector general de la CIA evaluó la relación y concluyó que un agente de la CIA incrustado en la policía había actuado con demasiada autonomía. El viernes, Kelly dijo que el agente se marcharía en abril.
La historia está sembrada de ejemplos de funcionarios policiales y de inteligencia que exageran en momentos en que perciben una crisis de seguridad nacional. En los años setenta, la Comisión Church investigó tanto al FBI como a la CIA por espiar las actividades políticas de estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Estas investigaciones condujeron a la creación de mecanismos de control: el FBI, por ejemplo, cuenta con fiscalización parlamentaria y un robusto inspector general que ha descubierto varias ilegalidades en los programas contraterroristas del FBI.
El Departamento de Policía es una historia diferente. A diferencia de otras agencias municipales importantes, está excluido de la jurisdicción del Departamento de Investigación, que investiga la corrupción, la incompetencia y las conductas reñidas con la ética. El Buró de Asuntos Internos, que investiga las denuncias de corrupción y mala conducta, y la Junta de Evaluación de Quejas de Civiles [Civilian Complaint Review Board], que estudia las quejas del público sobre abusos policiales, se concentra en denuncias individuales. El Concejo del Ayuntamiento ha mostrado poco interés en examinar los programas contraterroristas de la policía o en usar su poder para obtener información, en parte porque algunos políticos tienen miedo de ser percibidos como blandos frente a la delincuencia.
La historia muestra que los intentos de fiscalizar a la policía son resistidos enérgicamente por el departamento y sus aliados políticos. Pero ninguna agencia es inmune ante los errores. Cuando lo que se juega es tan importante como en la lucha contra el terrorismo, debe haber un mecanismo para detectar los excesos y las faltas.
Necesitamos un inspector general independiente para el Departamento de Policía. Este funcionario habría visto el escándalo por el documental como lo que es: no como el error de un sargento, sino una prueba de que no existen procedimientos para autorizar materiales en el adiestramiento. El control hace más fuerte al gobierno, no más débil.
En noviembre, el alcalde Michael R. Bloomberg describió al Departamento de Policía como “el séptimo ejército del planeta”. El control efectivo de semejante poder es una necesidad –no un lujo- para la ciudad más grande del país.
[Faiza Patel y Elizabeth Goitein dirigen el programa de seguridad nacional y libertad en el Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho e la Universidad de Nueva York.]
5 de febrero de 2012
30 de enero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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