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[Santa Fe, Argentina] [Lo vieron en un super].

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe solicitó ayer un informe a la Policía santafesina para precisar si el comisario Mario Facino violó la prisión domiciliaria que cumple en su casa de San José del Rincón, quien fue condenado dos veces por delitos de lesa humanidad. Además, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Horacio Coutaz pidió una investigación del hecho, y “si se comprueba la irregularidad, se tomen las medidas necesarias”. Según versiones periodísticas, Facino fue visto en un supermercado de su pueblo junto con dos mujeres, con quienes habría compartido un café en el bar.
En un escrito que presentó ayer ante el Tribunal Oral Federal, Coutaz explica los hechos denunciados y solicita que, de ser probados, se revoque la prisión domiciliaria que beneficia al comisario. Coutaz señaló que “en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se recibió una comunicación telefónica alertando sobre la presencia de Facino tomando un café en el bar de un supermercado de Colastiné Norte, sobre la ruta provincial N° 1. Tras esta comunicación, se hicieron verificaciones en el momento que derivaron en la presentación judicial”. A pesar de las dos condenas a 20 y a 23 años de cárcel, la justicia federal le concedió el beneficio del arresto domiciliario por razones de edad.
La presentación de Coutaz “se suma a una serie de medidas solicitadas en el marco del Programa Provincial de Protección y acompañamiento de testigos y querellantes. En este sentido señala no es menos importante el efecto que sobre testigos, víctimas y querellantes provocan este tipo de situaciones que pueden afectar su seguridad e integridad física y psíquica, impidiendo o restringiendo la posibilidad de brindar libre y autónomamente su declaración testimonial durante el desarrollo de los juicios que se encuentran en la etapa de instrucción o próximos a debatirse en audiencias orales y públicas”.
La Secretaría de Derechos Humanos ha sugerido “la adopción de medidas en relación a los imputados y/o condenados que tiendan a proteger la integridad psicofísica de los testigos y querellantes, antes, durante y después del debate oral. Si bien esa situación corresponde a un derecho propio de los imputados y/o condenados, es criterio de este programa que se debe tener en cuenta el tipo de delitos cometidos, la significación política de los juicios al terrorismo de estado y, en este caso, la existencia de una gran cantidad de procesados en causas conexas y de participantes en el aparato de terror manejado desde el Estado durante la dictadura, que podrían tener interés en la afectación de las causas”.
En enero pasado, Coutaz solicitó al Tribunal Oral de Santa Fe que se tomen medidas restrictivas en relación a las salidas transitorias concedidas a Víctor Brusa, Eduardo Ramos y María Eva Aebi, condenados por delitos de lesa humanidad.
15 de febrero de 2012
©página 12

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