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[Madrid, España] [Prominente juez de derechos humanos es condenado en España.]

[Raphael Minder y Marlise Simons] El jueves el Tribunal Supremo español condenó al juez de derechos humanos, Baltasar Garzón, por ordenar una interceptación ilegal en un caso de corrupción y lo inhabilitó por once años.Su abogado le dijo a EFE, la agencia de noticias española, que Garzón, 56, sentía una comprensible “desolación y dolor” tras ser excluido del poder judicial al que ha dedicado su vida.
El fallo corresponde a una de tres causas abiertas contra Garzón, el juez más prominente pero también más polémico, que ha hecho un agresivo uso de la doctrina de la jurisdicción universal para violaciones graves de los derechos humanos. Saltó abruptamente a la fama en 1998 cuando el ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, fue detenido en un hospital de Londres por una orden de captura emitida por Garzón. Aunque el general Pinochet, entonces de 82, fue juzgado demasiado enfermo para ser juzgado, el episodio fue un importante paso en la emergencia de la justicia internacional.
El espíritu activista de Garzón también lo ha enemistado con algunas autoridades españolas, y hay críticos que consideran que se auto-engrandece. Ha excavado profundamente en casos de corrupción y ordenado una investigación de las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil española y la subsiguiente dictadura del general Francisco Franco, pese a la amnistía general de 1977 por crímenes perpetrados durante la guerra. Esa investigación de 2008, archivada al mes de empezar, provocó un segundo caso contra Garzón, cuando organizaciones de extrema derecha lo acusaron que haberse excedido en sus atribuciones. Podría ser inhabilitado por veinte años.
La fiscalía española se ha opuesto activamente a los dos juicios, diciendo que no hay argumentos para una acusación criminal. Durante el juicio pidió que se desecharan los cargos, porque no tienen sustento en la ley.
Philippe Sands, que enseña derecho internacional en el University College de Londres, expresó preocupación por el proceso.
“Esto es muy inquietante; procesar a un juez independiente o fiscal por medio del sistema de justicia penal en cualquier lugar plantea interrogantes muy graves”, dijo. “Sancionar una posible falta a la ética o mala conducta es algo que compete a las organizaciones gremiales. Utilizar el sistema de justicia penal para castigar a un juez de instrucción por una presunta falta es usar un mazo para abrir una nuez. Es casi único en Europa”.
Sus defensores, incluyendo a abogados, jueces, académicos y organizaciones de derechos humanos de todo el planeta, han definido los casos –incluyendo una pesquisa sobre si tuvo una relación económica impropia con el Banco Santander- como motivados políticamente. El jueves, muchos denunciaron el fallo.
Reed Brody, abogado de Human Rights Watch que ha estado siguiendo los juicios, dijo que “la acumulación de casos contra el juez Garzón” sugería “represalias por sus acciones pasadas contra intereses establecidos”.
“Desgraciadamente”, agregó, “ciertamente parece que sus enemigos lograron lo que querían”.
Después del fallo el jueves, Alberto Ruiz-Gallardón, ministro español de Justicia, dijo que no le correspondía al gobierno hacer una “evaluación política” del fallo, excepto decir que demostraba “el normal funcionamiento de nuestras instituciones”. Esperanza Aguirre, presidenta del gobierno regional de derecha de Madrid, dijo que el fallo demostraba que en este caso “el fin, aunque sea meritorio, no justifica los medios”.
El fallo unánime (7-0) forma parte de un caso de corrupción de 2008 en el que Garzón ordenó interceptar conversaciones entre abogados y sus clientes. El juez argumentó que esas escuchas eran necesarias para asegurarse de que los principales acusados no pudieran transferir dineros reunidos en sus corruptos contratos comerciales mientras estaban en prisión durante la investigación. En un caso entablado por los acusados que habían sido interceptados, la Corte Suprema resolvió que esa orden no sólo contravenía los derechos de la defensa sino también “dañaba el derecho a la confidencialidad”.
El fallo le prohíbe “obtener empleo o funciones en el poder judicial o en funciones gubernativas dentro del poder judicial”.
El fallo es inapelable, pero Garzón podría impugnar la validez del proceso judicial en el Tribunal Constitucional español o ante la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, de acuerdo a su abogado Francisco Baena Bocanegra. El tribunal de Estrasburgo podría determinar que la corte española violó sus derechos e impondría reparaciones.
Tiene un caso pendiente en Estrasburgo presentado en marzo pasado sobre un caso de la era de Franco, diciendo que era legal ordenar una investigación porque esos crímenes no pueden ser perdonados por una amnistía.
La abogado de Garzón en Estrasburgo, Helen Duffy, dijo que todavía no había tratado con él si impugnar el fallo del jueves, pero que la situación casi no tenía precedentes. “Es tan excepcional que un juez sea perseguido en Europa que casi no hay precedentes”, dijo. “Su juicio ha provocado un montón de críticas”.
Abogados que simpatizan con Garzón dijeron que incluso si su carrera en España terminaba, era esperable que le ofrecieran trabajo como abogado o profesor en otro país. Después de estar alejado del tribunal desde su acusación en 2010, Garzón aceptó trabajo como consultor del Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Sin embargo, los cargos en cualquier tribunal internacional requieren el respaldo político del gobierno en casa.
[Raphael Minder informó desde Madrid, y Marlise Simons desde París. Rick Gladstone contribuyó al reportaje desde Nueva York.]
10 de febrero de 2012
9 de febrero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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