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[Washington, Estados Unidos] [El debate sobre la propuesta de crear un tribunal para que autorice los ataques con drones para ejecutar a sospechosos de terrorismo].

[Scott Shane] Desde 1978, una corte secreta en Washington ha aprobado el espionaje en territorio estadounidense en el marco de la seguridad nacional –operaciones que durante décadas fueron realizadas basándose únicamente en la autoridad del presidente del país.
Ahora, en respuesta a un generalizado descontento con la burocracia secreta que decide los ataques aéreos en el programa de asesinatos selectivos, existe interés en aplicar el modelo de la corte de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera -creada por el Congreso de modo que el espionaje tuviera que ser justificado ante un juez federal- para el asesinato selectivo de terroristas sospechosos, o al menos de estadounidenses sospechosos de terrorismo.
“Hemos pasado del momento en que la gente se reía del tema a considerarlo adecuado para una reunión social, dijo Robert M. Chesney, profesor de derecho de la Universidad de Texas. Dijo que la aprobación por una corte para agregar nombres a una lista negra de contraterrorismo –al menos ciudadanos estadounidenses en el extranjero- “ya no está más allá del reino de las posibilidades políticas”.
Una corte de drones debería superar obstáculos constitucionales, políticos y prácticos, y podría ser impracticable, de acuerdo a varios juristas y expertos en terrorismo. Pero con la guerra en Afganistán llegando a su fin, con al Qaeda fragmentado en filiales ambiguas y con los atentados terroristas de 2001 desvaneciéndose en el pasado, dijeron, es hora de considerar cómo forjar un nuevo sistema, fiable y transparente, para dirigir las operaciones contraterroristas letales.
“La gente en Washington debe despertar y darse cuenta de que los fundamentos jurídicos se están desmoronando”, dijo Chesney. Esa constatación parecía evidente en la sesión de confirmación del jueves para John Brennan como director de la CIA, que se convirtió en un estridente foro para quejas sobre el aumento de los ataques antiterroristas y los protocolos para decidir quién debe morir.
El senador Ron Wyden, demócrata de Oregón, fue uno de los que se quejó de que no podía lograr que el gobierno siquiera le proporcionara la lista de los países donde se han realizado ataques con drones. Entre los republicanos, el senador Saxby Chambliss, de Georgia, dijo que el asesinato de había convertido en un dudoso substituto de la captura. Un programa que empezó en las sombras fue arrastrado por primera vez hacia el escenario de un debate parlamentario.
Hoy, con el núcleo militante de al Qaeda en Pakistán fuertemente reducido y Osama bin Laden muerto, la amenaza terrorista es mucho más difusa que hace diez años. Ahora la mayoría de los misiles disparados por drones están matando no a terroristas de alto nivel que están conspirando para atacar a Estados Unidos, sino un surtido de militantes de nivel medio y reclutas cuyos objetivos son más a menudo las autoridades pakistaníes o yemeníes que Estados Unidos. Y desde el ataque con un drone de septiembre de 2011, que mató a un ciudadano estadounidense, Anwar al-Awlaki, que se había integrado a al Qaeda en Yemen, la justificación jurídica y moral de esos asesinatos ha sido intensamente debatida.
Incluso si les alegra la muerte de Awlaki, muchos estadounidenses se sienten incómodos de que un presidente utilice evidencias secretas para definir a un ciudadano como terrorista y ordenar su ejecución sin ninguna forma de juicio ni intervención de un juez. De aquí la idea de una supervisión judicial de los asesinatos selectivos, los que el jueves, inesperadamente, fueron discutidos seriamente por los senadores y Brennan.
Primero, la senadora Dianne Feinstein, demócrata de California, que preside la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo que revisaría nuevas propuestas para fundar una corte semejante. Su observación fue resueltamente secundada por el senador Angus King, de Maine, un independiente.
“Que el poder ejecutivo sea a la vez el fiscal, el juez, el jurado y el verdugo es contrario a las tradiciones y leyes de este país”, dijo.
Brennan hizo entonces una asombrosa revelación: el gobierno de Obama tuvo conversaciones internas sobre la viabilidad de un tribunal semejante. “Creo que ciertamente vale la pena discutirlo”, dijo Brennan. “¿Cuál es el equilibrio apropiado entre las responsabilidades de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial en este área?”
Un funcionario de gobierno que habló sobre las deliberaciones en la Casa Blanca a condición de conservar el anonimato, dijo que el presidente Obama había pedido a sus asesores jurídicos y de seguridad hace un año que investigaran “si se podía tener una revisión independiente” de los ataques planeados. “Eso incluye una posible revisión judicial”.
“Los funcionarios de seguridad nacional y los asesores jurídicos lo analizaron seriamente y las discusiones todavía continúan”, dijo el funcionario. “Hay un montón de complejidades. Necesitamos leyes y probablemente un nuevo cuerpo judicial”.
El tribunal de FISA fue creado por el Congreso en 1978 después de revelaciones sobre el espionaje generalizado de estadounidenses por la Agencia de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones, convencieran al Congreso de que el poder ejecutivo se había mostrado incapaz de disciplinarse a sí mismo.
Once jueces de todo el país participan en el tribunal, pero hay siempre uno de turno para tratar casos en una sala especial de alta seguridad anexada al tribunal federal de Washington en 2009. En 2011, de acuerdo a las estadísticas más recientes, la corte aprobó 1.745 órdenes para el espionaje electrónico o allanamientos físicos, sin rechazar ninguna pero modificando treinta de ellas.
Un tribunal de drones tendría el mismo atractivo, introduciendo un árbitro independiente. Pero es probable que surjan serias limitaciones a su jurisdicción. La mayoría de los expertos dicen que los jueces no tienen la celeridad o pericia para decidir sobre una llamada frenética de la CIA cada vez que avisten a un sospechoso de terrorismo. Una mejor aproximación sería que la corte determinara si el gobierno tiene suficientes evidencias contra un sospechoso como para colocarlo en la lista de individuos que deben ser asesinados.
Pero si la jurisdicción de la corte se extiende a todos los sospechosos de terrorismo extranjeros, incluso algunos proponentes creen que podría infringir la función constitucional del presidente como comandante en jefe. El senador King, por ejemplo, dijo que pensaba que la corte podría aprobar su constitucionalidad sólo si se limitara a casos que implicaran a ciudadanos estadounidenses.
Con esos límites, sin embargo, un tribunal de drones no trataría muchas de las preocupaciones más apremiantes, incluyendo decisiones sobre qué militantes extranjeros deberían ser asesinados; cómo evitar las muertes de civiles; y cómo entregar más información al público sobre las reglas y protocolos de los ataques.
“En términos de política y de óptica, ¿no estás en la misma posición?”, dijo William C. Banks, un jurista de seguridad nacional de la Universidad de Siracusa. “Todavía es secreto. El objetivo no podía ser representado. Es un mecanismo que no satisfaría a los críticos ni contribuiría a la causa del debido proceso”.
En realidad, Hina Shamsi, directora del proyecto de seguridad nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo que un tribunal de drones sería un retroceso, y que la extradición y juicio de los sospechosos de terrorismo sería una mejor respuesta. “Estoy muy de acuerdo con que la revisión judicial es crucial”, dijo. “Pero la revisión judicial en una nueva corte secreta es igual de innecesaria que extraña en las tradiciones estadounidenses”.
Tampoco están los jueces clamando que aceptan el reto. En una reunión del Colegio de Abogados de Estados Unidos en noviembre, un juez retirado de FISA, James Robertson, rechazó la idea de que los jueces deban aprobar “órdenes de muerte”.
“Mi respuesta es, eso no es asunto de los jueces”, dijo Robertson. “No se puede decidir la muerte de alguien sin una parte contraria”.
[Mark Mazzetti contribuyó al reportaje.]
24 de febrero de 2013
9 de febrero de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer

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